El Ministerio Fiscal está sujeto al principio de imparcialidad. Y esto significa que en todas sus actuaciones debe hacerlo desde la independencia al servicio de los intereses que le han sido encomendados. La decisión del Fiscal General del Estado de nombrar a Dolores Delgado como Fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática no favorece esos principios. Delgado fue designada Fiscal General al mes de abandonar el Ministerio de Justicia. Ahora, al año de dimitir de ese cargo, su successor, Álvaro García Ortiz, ha decidido que es la persona idónea para ocupar la Fiscalía de Memoria Democrática contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal. García Ortiz ha adelantado el Pleno del Consejo en el que Delgado ha sido nombrada, ha esgrimido sus poderes discrecionales y no ha dudado en comprometer la tarea de la Ex Fiscal General, Consuelo Madrigal.

A las puertas de unas elecciones generales, “razones de transparencia, responsabilidad y de respeto institucional” indican la inconveniencia de realizar ese nombramiento. Nunca había sucedido algo así. García Ortiz ha desoído deliberadamente al Consejo Fiscal y ha culminado un proceso cuyo objetivo final era nombrar a Dolores Delgado para un puesto que se considera clave. La maniobra es burda y supone un descrédito para una institución pública que no debería ponerse nunca al servicio de intereses particulares.