Línea editorial COPE: Una ley que no responde a la crisis de la Universidad

El Congreso ha dado luz verde a la tercera Ley universitaria de la democracia, la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Esta propuesta legislativa ha salido adelante con los votos de los socios del Gobierno una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aceptó las enmiendas de los nacionalistas, que pedían que los claustros universitarios pudieran hacer manifiestos de posicionamiento político, como ocurrió durante el “Procés”. Esa decisión convierte a la Universidad en un foro de debate político y en una terminal de los gobiernos autonómicos de turno, de los que depende para su financiación.

El problema de esta nueva Ley es que no ofrece una respuesta adecuada a las necesidades del sistema universitario español. Un sistema que, en vez de buscar la calidad y la excelencia, basadas en el mérito y la capacidad de los profesores, y en el esfuerzo de los estudiantes, está anclado en la endogamia, en la falta de preparación adecuada de los docentes, entre otras cosas por su escasa internacionalización. La nueva ley de universidades coloca el nombramiento de los puestos directivos en manos de los sindicatos y de los estudiantes, y permite, rompiendo una tradición inveterada, que llegue a ser rector quien no es ni catedrático. Otro de los problemas es la difícil situación en la que coloca al sistema privado de universidades, con unas exigencias que respoden al modelo de la universidad del Estado, financiada con el dinero público, pero no contempla las exigencias de la libre iniciativa y la sana competencia en la oferta de centros y de titulaciones. El Partido Popular, que ya ha dicho que cuando llegue al Gobierno derogará esta ley, no debe ovidar esta promesa.