Una semana más, la actualidad política ha estado dominada por la guerra de trincheras para sacar adelante una ley de amnistía que no cuenta con un mínimo consenso.

El Gobierno, que quiere contentar a Junts, ha vuelto a intentar condicionar las decisiones de jueces y fiscales. Ha apoyado a los fiscales que no consideran pertinente procesar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo, ha minusvalorado a los fiscales del Tribunal Supremo que consideran conveniente ese procesamiento. Con la cuestión de la amnistía, la intervención del poder Ejecutivo en las instituciones y en el sistema judicial ha alcanzado niveles difíciles de soportar para un sistema democrático.

La intromisión, aunque en este momento es superlativa, tiene ya un largo recorrido. Los primeros gobiernos de Felipe González, que se presentaron como promotores de la modernización y del cambio, iniciaron una colonización partidista de las instituciones que no ha hecho más que profundizarse. Ya en 1985, por ejemplo, se modificó el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Los nombramientos desde entonces han sido expresión de una partitocracia que se ha extendido a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional. Hemos llegado a una situación escandalosa: estamos bastante seguros de lo que va a decir la futura sentencia sobre la amnistía antes de que se haya aprobado la ley. Sabemos incluso cuántos magistrados van a votar a favor y cuantos en contra. Y escuchamos a menudo que la democracia es solo lo que decide el Congreso como expresión de la soberanía nacional.