La Unión Europea ha salido en defensa de los derechos y libertades de quienes viven en Cataluña y defienden una educación en castellano. El informe de los diputados europeos que visitaron esa Comunidad Autónoma en diciembre concluye que el sistema educativo debe dar el mismo trato tanto al castellano como al catalán, como lenguas vehiculares de la enseñanza. Constatan, además, que esto no lo garantiza el actual modelo impuesto por la Generalitat y que, incluso, no se está cumpliendo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que obliga a ofrecer el 25% de la enseñanza en la lengua elegida. Los eurodiputados reclaman al gobierno español que vigile si en Cataluña se da un tratamiento equilibrado a las lenguas cooficiales y demandan a la Comisión Europea que siga de cerca la forma en la que se establece en Cataluña el respeto a la diversidad lingüística.

Este informe constata que en Cataluña existe una discriminación a los castellanohablantes y que no se están respetando sus derechos fundamentales. También es relevante que ponga en evidencia el clima de presión y amenazas a las familias que reivindican una educación bilingüe. A esto se suma la denuncia de la inacción por parte del Gobierno de la Generalitat y la pasividad con la que afronta esta cuestión el Ejecutivo de Pedro Sánchez. No es extraño que en Europa se extienda la alarma al contemplar cómo discurre la vida política en España.