Al margen de cuál sea el final legislativo de la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que se nieguen a volver a Cataluña, la medida en sí misma es un despropósito sin precedentes que ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo de las empresas y de la inversión, tanto nacional como extranjera. No hay que olvidar que han sido alrededor de 5.000 las empresas que, por el procés, trasladaron su sede fuera de Cataluña.

La propuesta de Junts atenta contra un pricipio básico, amparado por la legislación comunitaria, la libertad de movimiento de empresas y capitales. En un mundo en el que se prima el emprendimiento que busca las mejores condiciones para el desarrollo de la empresa, los incentivos y la estabilidad jurídica y política, esta medida representa una amenaza y, a la larga, un suicidio económico para Cataluña. Sorprende además que Junts, que se consideraba un partido liberal conservador, además de nacionalista, proponga una medida claramente intervencionista que subordina la empresa en el mercado a la administración pública, lo que es propio de regímenes comunistas. La situación de inseguridad jurídica que genera esta propuesta levanta una barrera de entrada de los inversores en Cataluña.

Nada de esto ocurriría si Sánchez no hubiera aceptado en el acuerdo de investidura que ambas partes colaborarían en un plan para facilitar la retorno de las empresas a Cataluña. Pedro Sánchez rompe una vez más con el deber de tratar a todos los territorios de España por igual. Pero ya sabemos que el chantaje de Puigdemont es el que gobierna hoy en España.