Ignorando los llamamientos del Papa al diálogo, el gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con la tramitación de su ley educativa, que supone una grave amenaza a la enseñanza concertada. De manera inaudita, la mayoría parlamentaria no ha admitido que representantes de la comunidad educativa expliquen en la Comisión sus puntos de vista. Desde el Ejecutivo se amenaza incluso con cobrar un 21% de IVA, no queda claro si para terminar de rematar a la escuela no estatal, o como estrategia para obligar a la concertada a aceptar el trágala de la Ley Celaá, aunque esa medida no supondría un ahorro, sino más gasto público y la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Así se entiende la movilización convocada por entidades como Escuelas Católicas o la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos, con diversos actos de protesta adaptados a la situación de pandemia. El Gobierno debe elegir entre seguir adelante con la tramitación de una ley que nacerá muerta, o buscar el consenso con quienes solo piden respeto a la libertad de enseñanza y al derecho constitucional de las familias a elegir la educación de sus hijos. Claro que, después de traicionar el acuerdo unánime de todos los partidos en 2018 a favor de una asignatura de Ética, que el PSOE quiere sustituir ahora por una nueva Educación para la Ciudadanía, las expectativas sobre la voluntad de acuerdo de Pedro Sánchez no son precisamente halagüeñas.