El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado nulo el reglamento de usos lingüísticos para los funcionarios de la administración autonómica catalana. Este reglamento disponía que la lengua de uso obligado, en los lugares de trabajo y en el trato con los ciudadanos, tenía que ser el catalán. Ahora la sentencia del Tribunal citado falla a favor de la libertad de expresión que ampara a los funcionarios. La lengua catalana es una lengua cooficial y los funcionarios de la Generalitat, que lo son por eso del Estado español, no pueden ser obligados a hablar una sola lengua, como tampoco deben ser coaccionados para no hablarla. De eso, y no de otras cosas, habla la sentencia. Ninguna política lingüística debe hacerse contra los derechos y libertades de las personas. La defensa y protección de una lengua, en tanto que bien jurídico, no es un absoluto, ni puede convertirse en un arma política. Desgraciadamente, la Generalitat ya ha anunciado que no piensa cambiar sus normas, demostrando una vez más su desprecio hacia la legalidad y hacia los derechos de muchos ciudadanos catalanes.
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