El informe preceptivo del Tribunal Supremo rechaza de plano la intención del Gobierno de indultar a los políticos catalanes condenados por sedición. Lo esencial para el alto tribunal es que no se ha podido aportar la más mínima prueba, ni el más mínimo indicio de arrepentimiento de los condenados. Pero lo más demoledor para el presidente Sánchez es el subrayado de que algunos de los que se beneficiarían del derecho de gracia son los líderes de los partidos que garantizan la estabilidad del Gobierno. Esto quiere decir paladinamente que, en realidad, se trataría de un auto-indulto para garantizar la continuidad de Sánchez en La Moncloa No se dan, por tanto, las razones de concordia alegadas por diversos miembros del gobierno en los últimos días, en la medida que los condenados han manifestado la voluntad de seguir atacando los pilares la convivencia democrática.

A la luz de este informe, aprobar los indultos, que es una facultad propia del Consejo de Ministros, sería un auténtico abuso de poder y una especie de huida hacia delante. El presidente Sánchez tiene que considerar muy seriamente este demoledor informe del Supremo, aunque no sea vinculante. La ley le permite a priori conceder los indultos, aunque se abrirá una dura batalla jurídica que ya ha anunciado el PP. Pero desde un punto de vista ético y político sería una decisión insostenible. El Supremo no ha ofrecido un mero informe de carril sino una auténtica lección sobre lo que significa la democracia.