La política del Gobierno sobre la desescalada no se caracteriza por la coherencia. Si en los momentos más duros de la lucha contra la pandemia la responsabilidad recaía en las Comunidades Autónomas, no parece lógico que, ahora que se está consiguiendo la vuelta a la normalidad, el Ejecutivo pretenda imponerles una serie de normas que suponen una vuelta atrás en la conquistada vida cotidiana. La hoja de ruta de la ministra Carolina Darias, ante la llegada del verano, ha tenido como respuesta el rechazo de seis Comunidades Autónomas. Madrid y el País Vasco ya han anunciado que recurrirán a los tribunales de Justicia.

El llamado “Semáforo Covid” supone duro un retroceso para algunas Comunidades, con medidas ya superadas por los efectos del proceso de vacunación y el freno a los contagios. Proponer actuaciones como cerrar el interior de los bares o imponer de nuevo los confinamientos perimetrales supondría implantar medidas más duras que las que se aplicaron en momentos de mayor incidencia de contagios y de fallecimientos. Cuando hay presidentes autonómicos, como el socialista García-Page, que aventuran que en pocas semanas ya no será necesario el uso de mascarillas en el exterior, el Gobierno de Pedro Sánchez se lanza a generar el desconcierto con una sobreactuación que no obedece a criterios sanitarios. Si la “cogobernanza” fue la palabra mágica de Sánchez en lo más duro de la crisis, el diálogo y las soluciones acordadas deberían ser la pauta ahora que se ve la luz al final del túnel.