Lo incompatible con la democracia es el laicismo exacerbado

El Gobierno ha anunciado esta semana que declarará exentas del Impuesto de Bienes Inmuebles al conjunto de las confesiones religiosas de “notorio arraigo” en España, tengan o no suscritos acuerdos de colaboración con el Estado. Hasta ahí la cuestión entra dentro de la máxima normalidad democrática, que considera la libertad religiosa un bien fundamental a proteger.

Lo llamativo es el coro de voces aliadas de ese mismo Gobierno que habla de extender lo que llama “privilegios” de la Iglesia católica, y plantea sencillamente suprimirlos. No ha pasado un mes desde la firma del acuerdo entre la CEE y el Ministerio de la Presidencia que eliminaba cualquier pequeño atisbo de diferente trato fiscal con el resto de las entidades sin ánimo de lucro. No hay ningún resquicio para sostener que existan privilegios fiscales, pero a la vista está que los ataques continúan.

Lo que molesta no es que se equipare a la Iglesia con cualquier ONG, fundación o federación deportiva. Molesta, al parecer, la propia existencia de la Iglesia, por lo que de poco sirve el argumento de su insustituible e incomparable labor social. Molestan los vínculos históricos de España y Europa con el cristianismo, a pesar de que, sin esas raíces cristianas, no se explican las instituciones democráticas europeas ni la propia separación entre Iglesia y Estado, cuyo contenido algunos retuercen hasta pretender convertirla en un intento de erradicar cualquier expresión pública de fe. La democracia puede amparar la libertad de expresión de estos sectores, pero también resulta obligado responderles que su pretensión es profundamente antidemocrática.