Pfizer y AstraZeneca, compañías farmacéuticas con las que la UE tiene firmados contratos de suministro de vacunas, han anunciado en los últimos días retrasos en sus entregas. Un servicio público esencial, como es el de la sanidad, se presta en este caso a través de un contrato con empresas privadas que han desarrollado la vacuna. No hay nada extraño en ello. Siempre y cuando se respete lo acordado y el legítimo fin de lucro sirva al bien común.

Hay informaciones que apunta a que Israel ha conseguido en tiempo exprés diez millones de dosis de Pfizer y otros seis millones de Moderna pagando el doble de lo que paga la Unión Europea y cediendo a las farmacéuticas datos de los vacunados. Eso significaría entrar en una especie de subasta global en la que las compañías farmacéuticas venden al mejor postor. Los contratos se están pagando con el dinero de todos y estamos en una situación de máxima urgencia. La transparencia es necesaria.

Podría ser que las compañías que han desarrollado las vacunas hayan sido demasiado optimistas al hacer sus previsiones de producción. Sería entonces conveniente establecer una negociación y buscar posibles ayudas. Pero si en el modo de distribuir las vacunas está influyendo una búsqueda de un beneficio que no es legítimo habría que poner en marcha otros mecanismos. Sin entrar en contradicción, el bien común está por encima del interés particular, y los Estados y los entes regionales tendrían que imponer su soberanía para preservarlo.