El Congreso ratifica hoy el acuerdo alcanzado por PP y PSOE para renovar parcialmente el Tribunal Constitucional y por completo el Tribunal de Cuentas. En realidad, el acuerdo tendría que haber nacido de los grupos parlamentarios, no del Gobierno y de la oposición, y haber tenido un efectivo control de los candidatos por las Cortes. Pero la idoneidad de los nuevos consejeros y magistrados no está realmente sometida al control parlamentario, como sí sucede en Estados Unidos. La selección viene precocinada de antemano.

Es una buena noticia que los dos grupos parlamentarios con más representación se hayan puesto de acuerdo para renovar las instituciones. Pero no es tan buena noticia cómo lo han hecho. Los magistrados y los consejeros han sido seleccionados no tanto por su idoneidad para el cargo y por su independencia, sino por su vinculación al PP y al PSOE.

Esto va a agudizar la partitocracia en el Tribunal Constitucional. Lo lógico es que los magistrados del Tribunal de garantías sean personas con amplio conocimiento de la Carta Magna y con criterio suficientemente acreditado como para no tomar sus decisiones en función de la preferencia de los partidos mayoritarios. De otro modo, planeará la sospecha de que el Tribunal funciona como una especie de tercera cámara, que reproduce las mismas mayorías del Congreso y del Senado. Y eso no es conveniente para la confianza en las instituciones.