La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está preparando su estrategia ante la publicación de la sentencia del Procés. No quiere identificarse con los independentistas, pero tampoco piensa acatar la sentencia como corresponde a quien respeta la legalidad y el Estado de Derecho. Para eso Colau esboza una tercera vía: aboga por la absolución y por la reforma del Código Penal en beneficio de los acusados del 1 de octubre. Eso sí, ya ha anunciado que su partido, los Comunes, apoyará las movilizaciones de Ómnium Cultural, y de paso ha aceptado la propuesta de ERC que se insta al Consistorio a apoyar todas las movilizaciones que institucionalmente se convoquen tras la publicación de la Sentencia.

La propensión al activismo de la alcaldesa de Barcelona le hace olvidar que ella representa a una institución pública sometida al imperio de la ley, al tiempo que como cargo electo con responsabilidades ejecutivas representa a todos los ciudadanos de Barcelona. Su partido puede discutir qué hacer, pero ella y el Consistorio deben ser escrupulosos con el orden institucional.

Las próximas semanas se avecinan complicadas para el PSC, socio de Colau en el ayuntamiento barcelonés. Los socialistas discrepan de las movilizaciones contra la sentencia pero afirman que la unidad del gobierno municipal es total. Quizás tratan de engañarse a sí mismos.