La afectada comparecencia de Sánchez para culpar de la crisis institucional al Partido Popular y amagar sin dar, prometiendo medidas que no ha precisado, ha quedado inmediatamente desautorizada por Bruselas al respaldar al Tribunal Constitucional y recordar que, cuando se trata de reformas de calado, hay que actuar con prudencia y realizar consultas previas. Si de verdad quedara un ápice de sentido común en el Gobierno de Sánchez, lo que deberían hacer es dar un giro de 180º a la alocada deriva en la que han sumido al país y cortar cualquier tipo de relación con sus socios radicales. Al contrario, el argumentario que ha distribuido entre los suyos no parece apuntar en la buena dirección.

Cada vez quedan menos líneas rojas por cruzar cuando uno escucha a los presidentes del Congreso y del Senado, o cuando escucha a Pablo Iglesias llamar a la desobediencia y a agitar las calles. Con estas compañías, no es de extrañar el sentimiento cada vez más generalizado que Nicolás Redondo Terreros ha expresado de forma coloquial al afirmar que tiene la sensación de que hemos llegado a un punto en el que ya nadie le compraría un coche usado a alguien del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha dicho, con razón, que urge detener una escalada verbal sin precedentes y dejar de hablar de intrigas, de fachas con toga y de golpes a la democracia. Es necesario volver a la senda del sentido común y parar esta huida hacia el precipicio que es la interminable escalada de cesiones al independentismo con tal de mantenerse en el poder, aunque para ello haya que poner de rodillas al mismísimo Estado de Derecho.