Nadia Calviño llegó al Gobierno de Sánchez con la vitola de persona independiente y con el prestigio de su larga carrera en las instituciones europeas. Al frente del ministerio de Economía, hemos visto como su perfil se politizaba y llegaba a convertirse en una de las mayores defensoras de las decisiones con más carga ideológica del presidente.

Calviño ha ejecutado, sin poner límite a sus bandazos, lo que a Sánchez más le ha interesado en cada momento. Prueba de ello es lo que ha sucedido con los impuestos a la banca y a las energéticas. Sánchez los puso en marcha en un momento en el que creía necesario llevar a cabo un enésimo giro a la izquierda. Y Calviño, a pesar de que eran poco pertinentes, primero los puso en marcha y luego ha estado dispuesta a aceptar que fuesen permanentes. Grandes multinacionales como Repsol han acabado denunciando que "la falta de estabilidad en el marco regulatorio y fiscal del país podría condicionar los futuros proyectos industriales en España”.

La confrontación con el mundo empresarial ha sido constante. Cuando Sánchez acusaba a poderes económicos ocultos de intentar descabalgarle del poder y señalaba a algunas compañías, Calviño no abría la boca. Ha intentado poner freno a las políticas cuasi populistas de Yolanda Díaz en materias como el salario mínimo o la prestación por desempleo, pero ha perdido casi todas las batallas porque Sánchez siempre le ha dado la razón a Sumar. La ejecución de los fondos europeos ha sido lenta y la política fiscal para hacer frente al impacto de la inflación ha estado determinada más por la agenda partidista que por las necesidades reales.