Carmelo Sevilla, víctima de inquiokupación: "Pagué 1.500-2.000 euros de más. Ojo con Hacienda; te hacen una paralela con esto: tengo que declarar un alquiler que no recibido"

Los propietarios que sufren la 'inquiokupación' en España se enfrentan a una situación tan perpleja como indignante: la obligación de declarar ante Hacienda las mensualidades de alquiler que sus inquilinos morosos no les están pagando. Este contrasentido ha sido denunciado en el programa 'Herrera en COPE' por Carmelo Sevilla que, tras seis años de batalla judicial, finalmente ha recuperado su vivienda.

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Carmelo, víctima de inquiokupación

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La trampa de Hacienda con los impagos

Carmelo Sevilla ha explicado durante su entrevista con Jorge Bustos que la normativa de la Agencia Tributaria obliga a declarar los ingresos por alquiler, pero contempla una opción para deducir los 'saldos de dudoso cobro'. Sin embargo, esta opción tiene matices cruciales que perjudican al propietario. "Cuando entre el momento de la primera gestión de cobro [...] y el de la finalización del período impositivo hubieran transcurrido más de 6 meses", ha leído textualmente Sevilla.

Hay 6 meses en los cuales vas a tener que tributar por unas cuantías que no has percibido"

Carmelo

Víctima de inquiokupación

En la práctica, esto significa, según sus palabras, que "hay 6 meses en los cuales vas a tener que tributar por unas cuantías que no has percibido". Aunque esa cantidad podría deducirse al año siguiente, Carmelo Sevilla ha aclarado que "siempre vas a tener un decalaje de esos 6 meses". En su caso personal, este jubilado ha calculado que pagó de más a Hacienda entre 1.500 y 2.000 euros por un arrendamiento de unos 900 euros mensuales que nunca llegó a cobrar.

Un problema sin cifras oficiales

Durante el programa, Jorge Bustos ha señalado la falta de cifras oficiales sobre cuántas viviendas hay ocupadas ilegalmente en España. Aunque se manejan estimaciones de unos 80.000 casos, que equivaldrían a "toda la ciudad de Toledo", Carmelo Sevilla, como miembro de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, ha asegurado que son estudios "bastante fehacientes" y que incluso creen que la cifra real "es incluso mayor".

Bustos ha subrayado la necesidad de asistir a las familias vulnerables, pero ha recalcado que no puede ser "a costa de un particular". Ha argumentado que debe ser el Estado quien se encargue de esa vulnerabilidad, especialmente cuando muchos arrendadores son personas que solo buscan "redondear su pensión" y acaban perdiendo dinero y corriendo con todos los gastos.

Seis años de lucha y un 'escudo social' derogado

El calvario de Carmelo Sevilla duró seis años de lucha judicial, durante los cuales su abogado llegó a solicitar hasta siete notificaciones de lanzamiento. Sin embargo, los seis primeros intentos fueron infructuosos. El motivo, según ha explicado, era que el proceso se paralizaba continuamente porque el inquilino alegaba su "condición vulnerable".

"Había una persona vulnerable y aunque haya viviendo en la casa 7 personas, como era en mi caso, y 5 de ellas en edad laboral, pues se paralizaba el desahucio", ha relatado Sevilla. El punto de inflexión llegó a principios de este año. El cambio, ha detallado, fue que "ya no había paralización de desahucio por real decreto" porque el conocido como "famoso escudo social" impulsado por Sumar "se derogó".

Gracias a ese cambio normativo, el juzgado "no ha tenido otra otra posibilidad que emitir auto de de lanzamiento" y Carmelo Sevilla pudo por fin recuperar su casa. No obstante, ha querido visibilizar la situación de "mucha gente todavía en espera" y ha advertido a otros afectados sobre la eficacia de Hacienda: "Ojo con Hacienda con esto, porque porque te hacen una paralela inmediatamente".