Madrid - Publicado el - Actualizado
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«No podemos permitir estos ataques que quiebran nuestra convivencia». Con estas palabras reaccionaba esta semana el Arzobispado de Madrid ante la profanación de la capilla de la Universidad Autónoma. Llovía sobre mojado, tras la ofensa contra la Virgen, que el jueves motivó un multitudinario acto de desagravio en Valencia. El cardenal Cañizares quiso que se recordara de forma especial a las víctimas del atentado de Orlando. Era un forma de resaltar que la celebración religiosa buscaba favorecer la concordia, no lanzar una protesta política. A esa concordia viene apelando con insistencia la Iglesia ante el riesgo de polarización política y social en España. Tal como pedía el Arzobispado de Madrid, es necesario deslegitimar entre todos a los grupos que cometen actos vandálicos. Pero la convivencia en un país democrático y pluralista exige también que los distintos partidos y actores sociales sean capaces de anteponer el bien común a sus programas, a veces fuertemente ideologizados. Pretender, por ejemplo, excluir la asignatura de Religión o la enseñanza concertada supone despreciar la libertad de miles de familias. Hace unos días el cardenal Blázquez volvía a recordar que el deber de un Estado aconfesional es proteger el derecho de los ciudadanos a ejercer la religión que quieran tanto en privado como en público, sin imponer a nadie la propia forma de pensar. Cuestión elemental de convivencia que no está de más recordar.



