Con el río revuelto de la pandemia algunos intentan colar su agenda ideológica con un claro tinte estatalizador, que afecta también a la escuela concertada, objeto estos días de desinformación y críticas orientadas a su desgaste. Mientras desde el Ministerio siguen poniendo palos en las ruedas con decretos que supuestamente tienen el objetivo de que la escuela concertada avance hacia la gratuidad, desde terminales como la Federación de Asociaciones Giner de los Ríos lanzan la denuncia de que en el 90% de los casos, los colegios concertados exigen una cuota obligatoria.

Contra propaganda y bulos, verdad. Desde Escuelas Católicas se ha recordado que la crisis sanitaria y económica afecta a todos, que desde el principio, el Estado no cubre los gastos reales de la enseñanza concertada, que las aportaciones son siempre voluntarias y que contribuyen al sostenimiento de instituciones que promueven un proyecto educativo y social elegido por las familias.

Solo desde el sectarismo puede desatarse esta campaña en el momento en que se decide la inscripción de alumnos para el próximo curso. La escuela concertada forma parte de la red pública y es una herramienta esencial para hacer eficaz el mandato constitucional de la libertad de educación. Está presente en todo tipo de barrios y situaciones sociales, realiza un gran esfuerzo de integración y goza de una innegable demanda social, que ahora trata de hacer inoperante la nueva ley. Y por si fuera poco, su eficiencia supone un importante ahorro a las arcas del estado, que no debería servir de pretexto para su deficitaria financiación de siempre.