40 años de unos Acuerdos que mantienen su plena vigencia

Se cumplen 40 años de los Acuerdos entre España y la Santa Sede que redefinieron el marco jurídico para la presencia de la Iglesia en la sociedad, adaptándolo al nuevo contexto democrático y al Vaticano II. Una vez que el rey Juan Carlos allanó el camino con su renuncia al derecho de presentación de obispos, las negociaciones avanzaron sin dificultad. España dejaba de ser un país confesional, pero dado que una abrumadora mayoría social seguía siendo católica, la Carta Magna estableció un mandato de cooperación de las autoridades con la Iglesia, siempre desde la mutua independencia.

En coincidencia con el Concilio, se reconocía la libertad religiosa como derecho fundamental. Un derecho que va más allá de la libertad de culto e implica, por ejemplo, la posibilidad de que los niños reciban enseñanza en la escuela conforme a las convicciones religiosas de sus padres o la asistencia espiritual a los militares y a la población reclusa o enferma en los hospitales. Son acuerdos similares a los que la Santa Sede ha suscrito con la mayoría de países democráticos, y que hacen operativo el derecho a la libertad religiosa en lo que respecta a los católicos, un derecho que por una vía u otra cualquier democracia estaría igualmente obligada a promover. De modo análogo, España ha firmado acuerdos con otras confesiones, atendiendo a las especificidades de la comunidad religiosa respectiva. Son instrumentos que se han demostrado su utilidad pese a que no falte quien, por motivos ideológicos, insista en pedir su derogación.