Las modificaciones propuestas por el gobierno en su anteproyecto de ley de educación han activado ya las alarmas, especialmente entre las familias y en el sector de la educación concertada. El texto se presenta sin el mínimo consenso entre los sectores implicados, con una urgencia que no responde a criterios técnicos sino al oportunismo político. Un gobierno preocupado de verdad por el baile de leyes en materia de educación iniciaría un proceso de diálogo a fondo para llegar a un Pacto de Estado que trascienda los intereses de partido.

Entre las propuestas que causan perplejidad destaca la desconcertante la reducción de la autonomía de los centros educativos a través de la modificación de las competencias y composición de los Consejos Escolares y la introducción del representante del ayuntamiento, una especie de comisario político.

La pretensión de eliminar las referencias a la “demanda social” del sistema de conciertos supone un ataque a este sector de iniciativa social, cuya red de centros es complementaria a la de centros estatales, junto con la cual conforma la oferta de enseñanza pública. Esta medida significa una restricción significativa de la libertad educativa en lo que a la elección de centro se refiere. La mejorar la calidad de la educación pasa por ampliar la libertad educativa y no por restringirla. También hay que destacar el tratamiento que se propone para la clase de Religión, que pasa a convertirse en una asignatura de rango inferior dado que su calificación no computaría a efectos de la media, y tampoco tendría una alternativa. Todo ello compone un trágala que la sociedad civil no puede aceptar tranquilamente.