El abuso de la prisión preventiva en España

La absolución de Sandro Rosell ha abierto un fuerte debate sobre el abuso de la prisión preventiva en España. La dureza de las medidas cautelares que la Audiencia Nacional impuso al expresidente del F.C. Barcelona, acusado de blanqueo, debería haberse mitigado a medida en que los cargos contra él iban perdiendo consistencia. Pese a ello, Rosell ha pasado casi dos años en prisión, en un caso que guarda analogías con el del expresidente valenciano, Eduardo Zaplana, mantenido 9 meses en prisión preventiva pese a la grave enfermedad que padece.

La presión de la opinión pública, según los expertos, explica la anómala prevalencia de presos preventivos en España. Son alrededor de un 15 % del total de la población reclusa, que ya de por sí es la segunda más alta de Europa en relación con el número de habitantes, en contraste con unas tasas de criminalidad muy por debajo de la media continental. Existen medidas alternativas a la privación de libertad que, en muchos casos, serían más eficaces para la reinserción de la persona y más baratas también para el erario público. Soluciones como el arresto domiciliario con medidas de control telemático protegen además con mayores garantías el derecho a la presunción de inocencia. Esa debería ser la tendencia, de modo que la prisión preventiva quedara reservada a los casos en los que resulte realmente necesaria.