Línea editorial: un retroceso para la convivencia

La aprobación, ayer en el Congreso, de la Ley de Memoria Democrática, con los votos de Podemos, EH Bildu, PNV y varias formaciones minoritarias, representa una grave deslegitimación de la Transición política española, elevada a la categoría de ley. Una deslegitimación que erosiona las bases sobre las que se sustanció el consenso y la reconciliación de los españoles. La falsedad de considerar que las consecuencias del régimen franquista llegan hasta 1983, la puesta en cuestión de los efectos jurídicos y políticos de la Ley de Amnistía de 1977, la consideración de unas víctimas en detrimento de otras, son algunos de los aspectos que convierten a esta ley, no en un acto de justica reparadora, sino en una reescritura del pasado de obligado cumplimiento. Una ley que, como se pudo comprobar en el Congreso de los Diputados, vuelve a dividir España en dos.

Lo que se pretende con esta norma, que va más allá de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, es imponer una memoria oficial orientada por la ideología de los partidos que sostienen al Gobierno. Una memoria basada en el olvido real de nuestra historia que se quiere imponer en la sociedad y en la educación. Esta Ley, que pasa ahora a la tramitación en el Senado y se espera que sea definitivamente aprobada en septiembre, representa un ineludible retroceso en nuestra convivencia democrática. Conviene tomar nota de que Núñez Feijóo ha dejado claro que cuando gobierne el PP, derogará esta ley sin la más mínima duda.