Jueces y fiscales en el punto de mira del Gobierno

La invectiva del Gobierno contra el Poder Judicial se hace cada vez más evidente. La creciente tensión entre el Ejecutivo y cualquier contrapoder se ha exacerbado conforme se han multiplicado los indicios de corrupción en el entorno del presidente Sánchez.

La estrategia es clásica, aunque más propia de otras latitudes. Ante los apuros judiciales, es habitual ver a políticos de inspiración populista abonar la tesis de que existe una conspiración judicial o mediática contra ellos. La situación es tan crítica que la presidenta del Consejo General del Poder Judicial se ha visto en la obligación de exigir “respeto”, al tiempo que denuncia cualquier tipo de presión o interferencia en las labores judiciales. 

Las palabras de Perelló responden a las acusaciones de prevaricación vertidas de forma explícita por Óscar Puente y, de forma no mucho mejor disimulada, por Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes. Con esta actitud, el PSOE se adentra en una estrategia que linda con las posiciones antisistema que en su momento ensayaron Podemos o los grupos independentistas.

Las amenazas del Gobierno no se limitan al ámbito verbal. En la mañana de este miércoles, cinco de las siete asociaciones de jueces y fiscales han celebrado un parón para exigir que se frene la reforma judicial emprendida por el Gobierno. La situación es crítica: erosionar la neutralidad de los jueces debilitaría el contrapoder más efectivo frente a los abusos del poder político y supondría la abolición efectiva de uno de los pilares de nuestra democracia.