Independencia y libertad

El presidente del Gobierno y su esposa, el tres veces ministro Bolaños, los secretarios de organización del PSOE, el fiscal general del Estado o la presidenta de Adif, por poner solo unos cuantos ejemplos, practican la ley del embudo. Y no solo eso, sino que además se arrogan el privilegio de hacerlo. Parecen creer que autocalificase como “progresistas” les exime de cualquier crítica, juicio o investigación. Todo aquel que se atreva a dirigirles un reproche moral o a sostener que pudieran existir indicios de reproche penal es considerado un falsario, un enemigo o, en el peor de los casos un fascista.

Contratar con dinero público a empleados no cualificados para contentar a un destacado cargo del partido en el Gobierno puede ser delito y no importa en qué partido milite quien lo haga. De hecho, la presidenta de Adif será imputada por este motivo dentro del amplio sumario del caso Koldo. La UCO aportó pruebas y la Fiscalía Anticorrupción ve indicios sólidos que apoyan la imputación. La trama era una mancha de aceite que si no se extiende más es gracias a la función que en democracia desempeñan los medios de comunicación, y los jueces y fiscales que no aplican eximentes ideológicas ni políticas. Lo que certifica que sin una prensa libre y sin un poder judicial independiente no hay democracia que funcione.