La Iglesia y la Constitución de 1978

Los actos conmemorativos de la vigencia de la Constitución de 1978, que en pocos días superará a la más longeva de la historia, la de 1876, son una oportunidad para recordar la contribución de la Iglesia al período constituyente y a la Transición política. La voluntad manifiesta de la Iglesia, alentada por el Concilio Vaticano II, hizo que en 1973 los obispos reflexionaran sobre la “Iglesia y la comunidad política” en un documento que marcó tendencia. Ya en pleno proceso constitucional, el documento de noviembre de 1977, “Los valores morales y religiosos ante la Constitución”, supuso un apoyo explícito al nuevo texto normativo que iba a regir la convivencia de los españoles.

Como reiteradas veces ha señalado la Conferencia Episcopal, la Constitución de 1978 fue fruto maduro de un proyecto de reconciliación nacional. Como toda obra humana no es perfecta, pero ha servido para el progreso personal y social de los españoles y para una larga convivencia en paz y libertad. En sus bases prepolíticas, el reconocimiento de los derechos fundamentales y de la libertad religiosa, desarrollada en el artículo 16 en relación con el 27, han sido instrumentos adecuados para respetar no sólo la historia, sino la realidad social de España en su modelo de “laicidad positiva”. La Constitución sigue siendo un lugar de encuentro y sigue expresando esa “voluntad sincera de entendimiento”. Por supuesto, la Constitución no es inmutable, puede reformarse ateniéndose a las reglas que ella misma contempla, pero esa reforma debería en todo caso preservar, más aún, reforzar, su condición de casa común de todos los españoles y su garantía de los derechos fundamentales.