Estrasburgo ha sentenciado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, es el órgano competente para garantizar la aplicación de la Convención Europea de Derechos Humanos. A él han acudido tres españoles, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull, para recurrir las decisiones del Tribunal Supremo sobre la prisión preventiva por el intento de golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. El Tribunal de Estrasburgo ya dictaminó en noviembre de 2025 que ni la sentencia era fruto de motivaciones políticas ni procedía revisarla. Unos meses después, el mismo Tribunal rechaza revisar la sentencia de noviembre pasado. En pura lógica jurídica no hay más que decir. El Tribunal emite en sentencia firme una resolución clara: el Estado español no es arbitrario y las sentencias fueron proporcionales, previsibles y ajustadas. Y, además, argumenta una cuestión de extrema importancia: los penados sabían, o debían saber, que sus actos eran constitutivos de un delito que tendría consecuencias penales. La ignorancia, en caso de que hubiera existido, en ningún caso era invencible. Sabían lo que hacían, y lo hicieron.

Lo que sucedió el 1 de octubre de 2017 supuso un riesgo real y grave para la estabilidad constitucional. Fue un órdago contra el Estado y este respondió con los únicos instrumentos que puede usar un Estado constitucional democrático. Junqueras, Sánchez y Turull han ejercido sus derechos al recurrir una y otra vez. Y han podido hacerlo en virtud de su ciudadanía española. Fin de la cuestión.