Desprestigio del Tribunal Constitucional

Con la decisión del Tribunal Constitucional de revocar las dos sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que anularon el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de la Sala de Menores se consolida la pretensión del máximo órgano de garantías de convertirse en una instancia superior al Supremo, y reaparece la sospecha de que actúa con criterios más políticos que jurídicos. El fiscal Eduardo Esteban fue designado por la entonces Fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, por delante de otro candidato que tenía más currículum y había demostrado una avalada trayectoria en ese ámbito. Este nombramiento fue recurrido ante el Supremo y anulado, por dos veces, en esa instancia, que según el ordenamiento jurídico español es la última a esos efectos.

Ahora, el llamado sector progresista del Tribunal Constitucional quita la razón al Tribunal Supremo asentando una más que dudosa doctrina, al conferir de hecho al Fiscal General un poder casi ilimitado en el nombramiento de sus subordinados. Legitima así el Tribunal Constitucional un ejercicio de arbitrariedad impropio de un sistema en el que el mérito y la capacidad deben ser los criterios que determinen los nombramientos y los procedimientos de promoción. Esta decisión confirma el deterioro de la confianza en el Tribunal Constitucional. Que la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, permitiera hace días que su predecesor, el inhabilitado Álvaro García-Ortiz, vuelva a la carrera, forma parte de esta situación de descrédito e inseguridad a la que el Gobierno de Sánchez está llevado a la Justicia.