Un acuerdo de Estado sobre el uso de redes sociales

El presidente del Gobierno tiene por costumbre hacer públicas determinadas medidas con el fin de centrar la atención social en momentos de crisis. En las últimas horas ha anunciado que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Una propuesta que ya estaba en trámite parlamentario por una iniciativa legislativa de Sumar, y que sigue los pasos de países como Francia y Australia que han desarrollado medidas similares. El Gobierno está dispuesto a modificar el Código Penal para que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados responsables penalmente de las infracciones que se cometan en sus servicios.

Los efectos de las redes sociales en los menores son uno de los fenómenos de influencia social que más preocupan a quienes tiene en sus manos el desarrollo de las nuevas generaciones. Las redes sociales se configuran como potentes medios alternativos de educación y conformación de las conciencias. En el mundo de la educación el principio ha sido siempre el de que más vale educar que prohibir, ayudar a la responsabilidad personal que censurar. Al margen de la dificultad técnica de esta propuesta, la necesidad de hacer frente a los efectos perniciosos de estos potentes medios debiera ser fruto de un acuerdo de Estado elaborado con amplia colaboración de la sociedad civil. Un pacto en el que intervengan tantos los expertos en comunicación, las asociaciones de familias y de usuarios, así como el universo educativo, junto con los responsables de estas plataformas mundiales. El presidente del Gobierno debiera dedicar más tiempo a la política de altura y a los grandes acuerdos que a los brindis al sol.