Senado constata falta de regulación de viajes de senadores que pagan empresas

Los servicios jurídicos del Senado han constatado en un informe la falta de una normativa sobre los viajes de senadores costeados por empresas privadas, una materia que puede ser susceptible de regulación a partir de las recomendaciones del informe Greco del Consejo de Europa de lucha contra la corrupción.

El documento atiende una consulta de la senadora de Unidos Podemos Kontxi Palencia, quien quería conocer la "adecuación" de los viajes de senadores sufragados por entidades con fin lucrativo y su posible "interferencia" en las funciones que desempeñan.

Como ejemplo, citaba el desplazamiento de un grupo de senadores de la Comisión de Sanidad a la planta biotecnológica de la farmacéutica Merck en Tres Cantos (Madrid) el 7 de noviembre de 2017.

Tras analizar este caso, los letrados concluyen que, "a falta de una regulación específica en esta materia, no cabe considerar que la actividad reseñada incurra en infracción jurídica" y apostilla que por la manera en que se organizó "no parece que se haya dado una colisión de orden ético entre el mandato representativo general de los senadores y los legítimos intereses de una empresa privada".

Lo consideran así porque el procedimiento para la visita se hizo de forma reglamentaria, mediante acuerdo de la Mesa, con publicidad y transparencia, y dando posibilidad de participar a todos los miembros de la Comisión de Sanidad.

El único gasto costeado por la farmacéutica fue el almuerzo, puesto la Cámara alta se encargó del desplazamiento de los senadores.

Sin embargo, la senadora también elevó su consulta para evaluar los casos en que sin autorización previa del Senado una empresa privada invite a uno o varios miembros de una Comisión y se haga cargo de los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención.

Sobre esta cuestión, el informe jurídico apunta que tampoco existe "regulación jurídica concreta que permita una valoración en derecho", y ni hay un registro de grupos de interés o "lobbies", como en otros países ni un código de conducta que sí tienen otras naciones del entorno y del que no dispone el Parlamento español.

En suma, los letrados de la Cámara alta manifiestan que la falta de normas les impide hacer una "valoración jurídica" como la reclamada por la senadora.

No obstante, antes recuerdan que el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha recomendado a las Cortes Generales aprobar un código de conducta y regular la relación con los "lobbies" de manera se conozcan sus contactos.

Ante esta respuesta, Unidos Podemos afirma que la Cámara reconoce una de sus demandas, esto es, "la necesidad de modificar el reglamento del Senado para avanzar en materia de transparencia, garantizando además que los representantes políticos de los españoles sirvan siempre al bien común y no a intereses particulares".

Mañana miércoles el pleno del Senado debatirá una moción en este sentido presentada por este grupo parlamentario y además hoy el presidente de la institución, Pío García-Escudero, ha propuesto crear un grupo de trabajo para estudiar la manera de asumir las recomendaciones del informe Greco.