La crónica internacional se ha centrado estos días en el caso del Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez en su Nicaragua natal. Hace unas jornadas, se conocía la noticia de que la Fiscalía de este país le acusaba de "realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia", según informó el propio Ministerio Público.

Ramírez es uno de los intelectuales más críticos con la presidencia de Daniel Ortega. A sus 79 años, el laureado escritor también fue acusado por haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Contra el que fuese vicepresidente durante el primer gobierno sandinista (1979-1990) existe una orden de detención y allanamientos. Ante esta situación, Ramírez ha decidido no volver a Nicaragua para evitar represalias, tras haber sido citado por el Ministerio Público el pasado 1 de junio.

Además, la Fiscalía también acusó a Ramírez "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia" por el supuesto caso de la Fundación Luis Mercado, "cuyos principales miembros de su junta directiva se encuentran acusados por realizar conductas de apropiación indebida, lavado de dinero, bienes y activos".

Estas acusaciones que han recaído sobre el reconocido escritor son entendidas como el arma que Daniel Ortega ha empleado para intentar saldar una cuenta personal con uno de sus firmes oponentes. En una entrevista concedida hace unas jornadas al diario 'ABC', el propio Sergio Ramírez hablaba sobre la posibilidad de que Nicaragua fuese una especie de nueva Cuba: "Quizá de algún modo, sí. La tendencia de Ortega es ir hacia el partido único, ya es un partido único porque estos partidos que acompañan a las elecciones son formaciones fabricadas por ellos mismos, son partidos fieles".

Sergio Ramírez, una víctima más del Régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua

En la actualidad, el caso de Sergio Ramírez es el más mediático, pero no el único. El Premio Cervantes es una víctima de las muchas que sufren la brutal ola de represión desde mayo contra todo aquel que critique el régimen. Estudiantes, periodistas, empresarios y activistas son víctimas de esta persecución política.

Tanto Ortega como su esposa, Rosario Murillo, han continuado con una senda cada vez más autoritaria desde la brutal represión de las protestas estudiantiles en 2018. En la actualidad, el matrimonio se postulan para la reelección, por lo que unas fuertes voces disonantes pueden ser perjudiciales para sus pretensiones políticas.

Es el quinto mandato para Ortega y el segundo para su esposa. Con un sistema de elección libre, probablemente no tendrían ninguna opción de continuar en el cargo. Para evitar 'obstáculos', a los partidos y candidatos más importantes de la oposición no se les permite presentarse, y algunos incluso fueron encarcelados.

La situación de Nicaragua y la persecución del Régimen de Ortega ha sido denunciado a nivel internacional. Han sido varios los líderes políticos y representantes diplomáticos que han denunciado esta situación. Incluso, en Estados Unidos ya se han incluido en una lista negra a Ortega y Murillo. También, La Unión Europea ha impuesto una serie de sanciones al Gobierno nicaragüense.

El propio Daniel Ortega se ha pronunciado respecto a estas persecuciones, defendiendo que se juzgan a "terroristas". Según el mandatario, sus adversarios "se estaban preparando para repartir la historia de las protestas estudiantiles del año 2018", y que su Gobierno solo se está dedicando "a impartir Justicia contra los terroristas".

En el seno del actual proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado y abierto proceso judicial contra 35 dirigentes opositores y profesionales independientes, incluidos siete que mostraron su intención de aspirar a la Presidencia el próximo mes de noviembre.