Lo decía ayer el Ministro de Justicia en la sesión de control al Gobierno. “Queda mucho por hacer, y algunas sentencias lo ponen de manifiesto”, señalaba. Añadía que no era un tema de leyes, sino de cultura, de la manera de entender las cosas. Está claro que cuando una sentencia como la de La Manada provoca una reacción tan fuerte es que pasa algo, y grave. Hay una brecha considerable entre el Código Penal y la sociedad y eso hay que solucionarlo. Esa sentencia ha hecho hablar mucho a todos y reflexionar a algunos. El problema es que se hable desde la Política, que enarbolen su bandera, que no lo hagan desde la sociedad, y que la consecuencia sea que los ciudadanos no crean en la Justicia.

Rafael Catalá insiste en que hay que cambiar leyes para adaptarlas a la realidad social, al igual que los comportamientos, la cultura y la ética en aplicación de las leyes. Y dijo el martes en el Senado que no es la ley la que dice a la víctima si ha tenido un regocijo o jolgorio. Tras la polémica de la sentencia de La Manada, Catalá se puso manos a la obra y el pasado 27 de abril pidió a la Comisión General de Codificación, que estudie la reforma del Código Penal, reforma sobre delitos sexuales. Una comisión de expertos en Derecho Penal, constituida por hombres, y ése es el primer problema antes de la reunión, que se celebra hoy.

La semana pasada el ministro decidió incluir a cuatro mujeres. Se trata de Avelina Alonso, catedrática de Derecho Penal de la Universidad San Pablo CEU, Blanca Hernández, letrada de las Cortes Generales y ex delegada del Gobierno de Violencia de Género, Carmen Lamarca, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, y Mirentxu Corcoy, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. Además, participará Victoria Ortega, Presidenta del CGAE, vocal nata por su cargo. Todas aceptaron, pero ahora viene el segundo problema. Tras aceptar, la catedrática Mirentxu Corcoy declinó la oferta. Pensó que iba de forma permanente y rechaza ir para un asunto puntual. Se trata de una reunión de urgencia, cuentan a COPE fuentes del Ministerio de Justicia, para analizar las principales reformas. La intención del Departamento de Catalá es que sea un primer paso para que las mujeres participen de forma estable. Ahora se incorporan como vocales adscritas para este cometido y próximamente como vocales permanentes.

La Sección Penal de la Comisión de Codificación no ha tenido mucho trabajo, se reunió en julio de 2017 para un estudio sobre manipulaciones financieras y no lo hacía desde 1979. No ha tenido encargos específicos por parte del Ministro desde noviembre de 2015. Explican fuentes de Justicia que para cambiar el número de vacantes hay que modificar los estatutos, y en la Sección de Derecho Penal hay once. Los vocales permanentes pueden dejar de serlo a propuesta del Presidente de la Sección por ausencias reiteradas sin justificación, aunque también pueden renunciar, como ha hecho el catedrático Francisco Muñoz Conde, en solidaridad con sus compañeras. Y no descartan que lo haga alguno más porque este trabajo, que debería finalizar el 15 de junio, nace con problemas.

La sentencia de La Manada ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la Justicia. Rafael Catalá se ha atrevido a poner sobre la mesa un debate sobre algo de la Justicia que no funciona bien. Palabras que le han servido de continuas críticas desde los medios de comunicación y desde la judicatura, y pocos apoyos públicos, pero que muchos españoles agradecen. Incluso fuentes del CGPJ consideran que deberían debatirlo en el próximo pleno, el del día 16.