Quién se lo iba a decir a Rosa Díez, que ya no está en Política. Todo comenzó con UPyD, con el partido que ella creó y que ya no existe en el Parlamento español. Y con el abogado Andrés Herzog. En 2012 su partido denunció a Bankia ante la Audiencia Nacional por supuesta estafa y falsedad. Durante la investigación la propia Bankia envió un informe a la Fiscalía con los cargos con tarjetas de crédito. Ese informe se sumó a la causa y se abrió una pieza separada. Era el caso de las famosas tarjetas Black que empezó a juzgarse en septiembre de 2017 y cuya sentencia, firme desde ayer, conocimos en el mes de febrero. Se gastaron más de 12 millones de euros, algo más de 9 en la etapa de Blesa y dos y medio en la de Rato. Libre disposición sin justificación.

Quién le iba a decir a Rosa Díez que ella y la causa que denunció UPyD iban a mandar a Rato a la cárcel. Cuatro años y medio de cárcel para Rato por un delito continuado de apropiación indebida. Mantuvo y amplió conscientemente un sistema pervertido desde su origen, un sistema que nació pervertido en 1988. Una operativa dirigida por Blesa y después por Rato, decía la Audiencia Nacional. Cuando Rato accede a la presidencia, dice el Supremo, “fue informado del sistema, y no solamente lo mantuvo, sino que lo extendió”. El Supremo tiene en cuenta que muchos de los condenados devolvieron el dinero de la tarjeta, pero no lo hace en el caso de Rato. Por su posición y responsabilidad “estaba obligado a proteger los intereses de la entidad”. Se lucró indebidamente de su patrimonio y permitió el lucro de los demás.

El ingreso en prisión no es inmediato. Corresponde al tribunal sentenciador, a la Audiencia Nacional, notificar a Rodrigo Rato oficialmente el ingreso en prisión, que podría ser en unos días. Puede elegir el centro penitenciario. Pero el entorno de Rato ha comentado a COPE que los abogados están estudiando los próximos movimientos ante esta decisión. Lo que sí está claro es que Rato tendrá que sentarse en el banquillo, de nuevo, en noviembre, por la salida a Bolsa de Bankia. Se enfrentará a cinco años de cárcel. Y tiene abierta la causa del origen de su patrimonio. Ya no está UpyD, pero en la acusación popular, le sustituye el sindicato Confederación Intersindical del Crédito, CIC. Y sigue el abogado Andrés Herzog.