El Gobierno de Pedro Sánchez defiende que el expediente sobre Francisco Franco sigue su curso “con absoluta normalidad” e incide en que la “competencia” para resolver sobre acuerdos del Consejo de Ministros es el Tribunal Supremo.

Desde La Moncloa se presenta el auto de un juzgado de lo contencioso-administrativo que suspende cautelarmente la licencia urbanística y no ve urgencia para proceder a la exhumación como un ejemplo de obstruccionismo desplegado por el entorno del dictador “contra la decisión de un Parlamento y de un Gobierno democráticos”.

Hasta la fecha, La Moncloa tiene constancia de doce demandas judiciales, “todas con idéntica fundamentación”, pero “presentadas por diferentes personas”, con la finalidad de aumentar las probabilidades de que en algún juzgado, como ha ocurrido, se dé la razón a la parte demandante. De esa docena, en siete se han rechazado ya las medidas cautelares urgentes.

Aferrándose a esa realidad, se dicen convencidos de que el Juzgado acabará dictando una resolución diferente tras escuchar las alegaciones del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Ahora bien,estos procedimientos judiciales – reconocen las fuentes oficiales – podrían retrasar la fase final de ejecución material de la salida de Franco del Valle de los Caídos, fase – según aseveran desde el Gabinete - que aún está por llegar y que todavía precisa de otros trámites administrativos.