La sombra de una posible condena por presunta malversación y tráfico de influencias se alarga sobre Ada Colau. La alcaldesa de Barcelona comparecerá como investigada el próximo 4 de marzo después de que el magistrado del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona aceptase a trámite la querella interpuesta por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática.

En el escrito, la entidad destaca que Colau “no cumplió los trámites correspondientes” a la hora de conceder subvenciones a asociaciones próximas a los 'comunes', como son el Observatorio DESC, donde trabajó la propia Colau; Ingenieros sin Fronteras; Plataforma de Afectados por la Hipoteca; o Alianza contra la Pobreza Energética.

Además de citar como imputada a la primera edil, el juzgado solicitó “los expedientes de todos los convenios firmados por las organizaciones enumeradas en el escrito de la querella para la obtención o concesión de subvenciones en el periodo 2014-2021”.

A pesar de este procedimiento judicial, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha dudado en mostrar su apoyo a la regidora durante su visita a Barcelona, donde ha mantenido varios encuentros con representantes sindicales en plena negociación con los socios de investidura para tratar de recabar apoyos a la reforma laboral.

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Entre reunió i reunió un passeig pel centre de Barcelona, que està preciós.

La Rambla i Plaça Reial.
Què bonica Barcelona! ?? pic.twitter.com/64ZIeAFzKF

— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) January 26, 2022

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Una particular interpretación del código ético de Barcelona En Comú

El apoyo de la vicepresidenta segunda del Gobierno choca con las reiteradas peticiones de dimisión a las que se enfrenta Colau por su citación en calidad de investigada. Una circunstancia que ha provocado que la alcaldesa haya decidido aplazar hasta el próximo mes de mayo la decisión sobre si se presentará o no a la reelección en las elecciones municipales de 2023.

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Y es que la primera edil de la Ciudad Condal se vería forzada a la renuncia de sus responsabilidades públicas al tener que declarar ante el juez, tal y como lo requiere el Código Ético de Barcelona En Comú. Colau, sin embargo, sigue anclada en que sólo debería dejar el cargo si hay una acusación de “ánimo de lucro personal”.

“Los representantes políticos del partido deben comprometerse a la renuncia o cese de forma inmediata en todos los cargos, ante la imputación judicial de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, ya sea en interés propio o para favorecer a terceras personas”, dispone en su artículo 3.6 el código de los ‘comunes’.