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Vox exige el cierre inmediato de las "embajadas catalanas" y más control del gasto público
Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que exige impulsar las acciones legales necesarias para cerrar de inmediato las llamadas "embajadas catalanas" y un mayor control del gasto público para impedir que sea destinado a "actividades y programas separatistas".
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Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que exige impulsar las acciones legales necesarias para cerrar de inmediato las llamadas "embajadas catalanas" y un mayor control del gasto público para impedir que sea destinado a "actividades y programas separatistas".
La formación de Santiago Abascal ha presentado esta iniciativa en defensa de la unidad nacional al considerar que hay gobiernos, como el de Cataluña, que destinan los fondos públicos a causas que "no sólo no benefician a la población, sino que amenazan directamente la unidad nacional y la igualdad entre todos los españoles".
"De esta manera -dice-, los partidos separatistas, con el beneplácito del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, han hecho uso de las instituciones y fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España".
Vox incide en que, actualmente, hay aproximadamente un centenar de oficinas de representación en el exterior, entre las que se encuentran las 21 "mal llamadas embajadas catalanas", desde las que "bajo el pretexto de contar con representación institucional de la región en otros países, están rompiendo de facto con el principio de unidad de acción en el exterior".
Según denuncia, la Generalitat de Cataluña ha gastado este año casi 28 millones de euros para financiar el Gabinete y Secretaría General de Acción Exterior, instituciones que "no hacen sino servir a una pretendida internacionalización del proceso separatista, haciendo uso del dinero de todos los españoles".
Por todo ello, reclama que haya una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles y que se establezcan mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.