El Gobierno ha logrado este lunes alcanzar un principio de acuerdo con empresarios y sindicatos para reformar el sistema de pensiones. Entre los pactos que estaban encima de la mesa y que han prosperado se encuentran la actualización de las pensiones contributivas en función del IPC y la de aproximar la edad efectiva de jubilación (64,6 años) a la edad legal mediante la revisión de las jubilaciones anticipadas y el establecimiento de mayores incentivos al retraso de la jubilación.

Este anuncio supone el primer paso de la reforma de pensiones comprometida con Bruselas en el componente 30 del Plan de Recuperación y con ella se suprimen dos aspectos de la reforma de pensiones de 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25% en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

A falta de ratificación por parte de los órganos de dirección de los interlocutores sociales, entre los puntos más importantes del acuerdo encontramos los siguientes:

1. Las pensiones subirán con el IPC

El pacto entre los agentes sociales y el Gobierno fija que las pensiones se revalorizarán con el IPC del año anterior. Si esa media es negativa, el importe de las pensiones se congelará al comienzo del año. De este modo, se elimina el índice de revalorización de la reforma del año 2013, con la cual se obligaba a subir las nóminas de los jubilados un 0,25 %.

2. Penalizaciones para las jubilaciones anticipadas

Aquellas personas que decidan jubilarse voluntariamente hasta dos años antes de alcanzar la edad legal podrán ver reducciones en su nómina de hasta el 21 %, cuando hasta el momento era el 16 %. Los que decidan tomar este paso 22 meses antes verán reducida su pensión en un 14,67 %, y no en un 16 %. Las penalizaciones no serán efectivas hasta 2024 y diluidas en diez, hasta 2023. Por otro lado, los despedidos a causa de la situación epidemiológica derivada del coronavirus no verán repercusiones en su nómina.

3. Incentivos en el retraso de la edad de jubilación

Para incentivar el retraso en la jubilación, el Gobierno fijará incentivos para su prolongación. En este sentido se fija una bonificación de la pensión del 4% por cada año de retraso, un cheque único de hasta 12.000 euros o un mixto de ambos.

4. Jubilación forzosa

La reforma contempla que las empresas no podrán obligar a jubilarse a aquellos trabajadores de menos de 68 años, salvo que pertenezcan a sectores en los que las mujeres representen menos del 15 % de los empleados. Esta medida cohabita con dos condiciones: que la baja laboral conlleve una contratación fija y a tiempo completo de al menos una mujer, y que el que se jubila tenga derecho al 100 % de la prestación por jubilación.

5. Jubilación con opción de actividad

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Otro de los aspectos que aborda el nuevo acuerdo es el referido al de los trabajadores con más de 65 años que siguen trabajando, quienes no pagarán cotización por contingencia, salvo a causa de una incapacidad temporal. No obstante, los periodos no cotizados se computarán como cotizados. Además, el Gobierno se compromete, en el plazo máximo de doce meses, a revisar, en el marco del diálogo social, esta modalidad.

6. Autónomos, viudedad y becarios

A partir del próximo año se establecerán tramos a los que los autónomos se acogerán en función de sus ingresos y que podrán modificar hasta en seis ocasiones. Para definir estos tramos, que se regularán en función del rendimiento, se ofrece el plazo de un año para abordar las diferencias entre el régimen general y el de los autónomos para equiparar la protección social entre ambos.

Respecto a la viudedad, se ofrecen seis meses para que se equiparen las pensiones de viudedad de las parejas de hecho con las que disfrutan los matrimonios. En cuanto al régimen de becarios se garantizará que toda actividad becada, con sueldo o no, esté incluida en la Seguridad Social.