El Tribunal Supremo celebra este miércoles una vista en la que estudiará si confirma la sentencia que condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobediencia por la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014, declarada ilegal por el Constitucional.

Una cita a la que no tiene que acudir el antecesor de Carles Puigdemont al frente del Gobierno catalán, sino solo su abogado, y en la que el alto tribunal estudiará su recurso a la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el de la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau.

Los tres fueron condenados a penas de inhabilitación (2 años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por "pervertir" los principios de la democracia básicos para la "convivencia pacífica" al mantener la consulta del 9N, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Una convocatoria que llevó a los tres junto con el exconseller Francesc Homs a juicio a principios de octubre, en este caso ante el Tribunal de Cuentas, por su supuesta responsabilidad contable en la desviación de fondos para el 9-N, y que aún está a la espera de sentencia.

Mas, Rigau y Ortega invocaron en sus recursos ante el Tribunal Supremo los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión en busca de la absolución.

Alegaron que sus condenas vulneraron hasta cinco preceptos constitucionales y que el TSJC erró en la valoración de algunas pruebas, no practicó una serie de diligencias solicitadas en tiempo y forma e incurrió en una serie de contradicciones.

La Fiscalía, pese a que anunció que recurriría la sentencia buscando una pena más severa por un delito de prevaricación del que el TSJC absolvió a los condenados, finalmente no lo hizo.

De hecho, el propio ministerio público se manifestó en contra de admitir a trámite los recursos de los condenados -o, en su caso, optó por desestimarlos- e incluso consideró innecesaria la celebración de una vista.

Para la Fiscalía, no existía el derecho a votar en una consulta que el TC proclamó inconstitucional.

"El ejercicio de los derechos y libertades públicas se desvincula de su genuino fundamento cuando su prevalencia se impone a costa de destrozar el edificio normativo y los equilibrios proclamados por el poder constituyente", asegura la Fiscalía.

Serán cinco los jueces que integren la Sala, presidida por Luciano Varela, la que estudiará este miércoles a partir de las 10.30 horas si respalda la sentencia dictada en marzo de 2017 por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o si la revoca o endurece.

Independientemente de lo que diga el Supremo -que condenó por dicha consulta en otro procedimiento al exconseller de Presidencia Francesc Homs a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000 euros de multa-, Mas ya anunció en su día que llevaría el caso a instancias europeas.