La estrategia de Unidas Podemos está más clara que nunca y con el caso de Alberto Rodríguez ha salido a relucir como nunca antes lo había hecho. Desde la formación morada tratan de estirar la ley al máximo con el único objetivo de no verse perjudicados.

A un lado del tablero de juego tenemos a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, quien teóricamente estaba dispuesta a inhabilitar al miembro de Podemos, condenado por el Supremo a un mes y quince días de prisión (que sustituyó por una multa de 540) por pegar patadas a un policía.

Al otro lado de la mesa de juego está la insistencia de Podemos, que desde que irrumpió en el terreno político nacional, ha querido salvaguardar a todos sus miembros. Ha sido precisamente el papel de Podemos el que llevó a Batet a aclarar el alcance de la de la pena del Supremo, movido también por una mayoría de Mesa de la Cámara, en una votación en la que ella no participó. Recordamos que la Mesa del Congreso está compuesta por tres miembros de Podemos y dos del PSOE, además de Batet. En la votación de la Mesa, ella no tenía capacidad de voto.

A raíz de esta cadena de acontecimientos, el juez Marchena ha respondido a la presidenta del Congreso y ha asegurado que la pena es "obligada". En otras palabras, Alberto Rodríguez está obligado a dejar su escaño. En el caso de no hacerlo, tanto la presidenta del Congreso como los tres diputados de Podemos y los dos del PSOE que han intentado frenar su inhabilitación, podrían enfrentarse a un delito.

En este caso hablamos del artículo 410 del Código Penal, por el que se sanciona a cualquier funcionario público que intente negarse a cumplir las resoluciones judiciales. En este caso, de seguir negando la pena del Supremo contra Alberto Rodríguez, todos los implicados en este asunto, podrían enfrentarse a una multa de tres a doce meses de inhabilitación de empleo o de seis meses a dos años de su cargo público.

La sombra de Forcadell recorre el Congreso de los Diputados

No hace falta remontarnos demasiado atrás en el tiempo para encontrar un caso similar. La última vez corrió a manos de la entonces presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y de varios miembros independentistas de la Mesa.

Todo apunta, y viendo el cambio de rumbo de la opinión de Meritxell Batet, a que la presidenta del Congreso quiere evitar seguir los pasos de Forcadell, quien junto a otros miembros de la Mesa terminaron siendo condenados por un delito de desobediencia al permitir la tramitación de las leyes del proceso separatista del referéndum ilegal del 1-O.

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No sabemos hasta dónde podrá llegar este asunto o si habrá consecuencias legales mayores. Lo que sí está relativamente claro es que, a priori, Meritxell Batet no tiene intención de terminar en una situación similar a la de Forcadell. Las miradas están ahora puestas, eso sí, en la decisión final que tome la presidenta del Congreso, que podría pronunciarse a lo largo de esta tarde.

Todo apunta a que si Batet no quiere repetir lo que hizo Forcadell, deberá inhabilitar de forma definitiva a Alberto Rodríguez, obviando así las presiones recibidas desde Unidas Podemos.