El Gobierno de Pedro Sánchez sigue utilizando las instituciones y todo espacio público para hacer propaganda. El último en caer, el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo ha usado este viernes el BOE para cargar contra el PP y justificar cambios en la Justicia, en plena campaña electoral para las elecciones de la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo. Dicha 'palabrería' en contra de la formación de Casado viene - como es habitual en el BOE - sancionada por el Rey Felipe VI.

Concretamente, en el 'BOE' núm. 97, de 23 de abril de 2021, páginas 46369 a 46370, se recoge una exposición firmada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, donde se explica una modificación del Código Penal aprobada por las Cortes para derogar el artículo 315.3. "Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno", señala el texto.

Así, el BOE expone que "la reforma laboral, prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos". También esgrime que el PP desplegó "un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".

El BOE indica claramente que el PP fue culpable de "disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a huelga y libertad sindical". De esta manera, la Jefatura del Estado anuncia que se suprime el apartado 3 del artículo citado y que los jueces y tribunales "procederán a revisar las sentencias firmes dictadas de conformidad con la legislación que se deroga". El texto de la ley sancionada en el BOE es el mismo que recogía el Boletín Oficial de las Cortes Generales en su sesión del 18 de septiembre de 2020.

COACCIONES PARA SUMARSE A UNA HUELGA

UGT y CCOO celebraron el pasado 14 de abril "que se derogue por fin este artículo del Código Penal que criminalizaba el derecho a huelga". Concretamente, el artículo 315.3 castigaba "con penas de prisión de un año y nueve meses hasta tres o años con la pena de multa de 18 meses a 24 meses" a "quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga". Es decir, la normal castigaba a quien coaccionaran a otros a comenzar una huelga.

El PP criticó la decisión del Gobierno de suprimir este artículo del Código Penal. “Han dejado vigente el que impide al otro hacer huelga y han derogado el que obligue a otro a hacer huelga. Da igual que sea el que impide a otro u obliga a otro. Lo lógico es que si se hace con coacción quede vigente en ambos casos”, señalaban.

La despenalización de los piquetes informativos fue aprobada el pasado mes de marzo en el pleno del Congreso, con el rechazo de PP, Vox y Cs, partidarios de la existencia un tipo penal específico para la coacción en el contexto de una huelga.