En aquellos lugares de España donde el PSOE ha salido líder le ha otorgado el Ministerio de Educación al nacionalismo para así aplicar sus políticas lingüísticas. Lo llevará acabo más concretamente en Navarra, Baleares, Comunidad Valenciana y Aragón.

Se sabe que la estrategia principal del partido socialista para poder aferrarse al poder autonómico como municipal ha consistido en alcanzar acuerdos con las fuerzas nacionalistas que a día de hoy se han convertido en socios preferentes.

A continuación te presentamos aquellos lugares donde se ha dado esta situación:

Navarra: donde el PSN ha cedido a Geroa Bai las competencias lingüísticas para así poder impulsar el euskera.

Valencia: donde los pactos entre Ximo Puig y Compromís han favorecido a los nacionalistas para que ocuparan la Conselleria de Educación.

Baleares: PSOE ha renovado su pacto con Més per Mallorca, partido que defiende de forma radical el “derecho a decidir”.

Aragón: Lambán ha sido investido presidente tras repartirse el gobierno con Podemos, PAR y los nacionalistas de la Chunta, en el primer gobierno cuastripartito de la historia política aragonesa.

GEROA BAI 

Desde este pasado viernes, Navarra está gobernado por el cuatripartito formado por PSN, Geroa Bai, I-E y Podemos. De todos ellos, Geroa Baiestará al frente de la política del euskera. Lo hará a través del control de una de sus cuatro consejerías, la de Relaciones Ciudadanas, que incluye el Instituto Navarro del Euskera, Euskarabidea. 

María Chivite, nueva presidenta de la Comunidad foral, otorgará al partido liderado por Uxue Barkos (marca regional del PNV), la potestad de aplicar políticas para impulsar una lengua que habla menos del 7% de los navarros y tan solo un 2,9% de los pamploneses, según un estudio de la Universidad Pública del País Vasco.

En la pasada legislatura, Chivite consideraba el euskera “una imposición nacionalista sin fundamento”. Ahora, ha pasado a hablar de la necesidad de "un amplio acuerdo social y político entorno al euskera, reflejo de la idiosincrasia y realidad socio-lingüística navarra" y ha cedido su control al nacionalismo.

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MÉS PER MALLORCA

El caso de las Islas Baleares es paradigmático. El pasado mes de junio, el PSOE renovó el pacto con el partido separatista Més per Mallorca (al que se unió Podemos) y le otorgó dos consejerías en el Gobierno balear: las de Medio Ambiente y Servicios Sociales y la Secretaría de Innovación y Universidades.

El pacto de gobierno, firmado por PSOE, Més y Podemos, continúa la hoja de ruta marcada la pasada legislatura por la socialista Francina Armengoly Gabriel Barceló, líder de la fuerza separatista, que recogía medidas encaminadas a imponer el catalán como lengua vehicular en la Administración y en la enseñanza.

Esto se ha traducido, en los últimos años, en la política de inmersión lingüística y en la exigencia del catalán como requisito indispensable para acceder a la función pública. De hecho, Baleares es, después de Cataluña, la comunidad con mayor inmersión lingüística del país.

COMPROMÍS

Tras las elecciones autonómicas del 28 de abril, en Valencia se reeditó el pacto del Botànic, el gobierno de coalición compuesto por PSPV, Compromís y Podemos. El Botànic II significa cuatro años más de nacionalismo al frente de políticas lingüísticas, ya que Vicent Marzà (Compromís) seguirá al frente otros cuatro años de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.

Uno de los reclamos favoritos de la formación nacionalista es que comience a aplicarse la llamada "Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano en las funciones administrativas e institucionales". En términos mundanos, introducir una cláusula en la ley de Función Pública por la que los futuros funcionarios deberán acreditar determinados conocimientos de valenciano. Todo el que no hable la lengua, estaría incapacitado para ser funcionario.

La Conselleria de Justicia, dirigida por la socialista Gabriela Bravo, rechazó la exigencia de sus socios de que esta medida se comenzara a adoptar de manera automática. Esto generó un conflicto entre los dos socios de gobierno, en el que Podemos decidió mirar a un lado y no entrar en la disputa sobre si aplicar ese requisito.

CHUNTA 

Por primera vez en la historia de Aragón, hay un gobierno cuatripartito. El socialista Javier Lambán (62 años) cuenta ahí como socios con Podemos, Partido Aragonés (PAR) y Chunta Aragonesista (CHA). IU votó a favor de la investidura, pero no forma parte del Ejecutivo.

CHA logró tan solo 40.160 votos en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. Con una fuerza tan modesta, las exigencias de los nacionalistas fueron proporcionales, sin renunciar a sus pretensiones: Vertebración del Territorio y la Dirección General de Política Lingüística.

El presidente del PP en Aragón, Luis María Beamonte, calificó al acuerdo cuatripartito como "el pacto de la vergüenza" y aseguró que "es el Gobierno de todo por el sillón sin importar nada más. El único objetivo es sobrevivir, colocarse y repartirse el botín".