Con motivo del pleno ordinario celebrado este martes por el Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, los aledaños del mismo han sido el escenario de una protesta sindical en demanda de que el servicio público de ayuda a domicilio, prestado a través de empresas contratadas por el Consistorio, sea gestionado directamente por la Administración local, es decir que sea "municipalizado".

En concreto, la representación sindical de la plantilla municipal de ayuda a domicilio, dividida entre las diferentes empresas contratadas por el Consistorio para prestar este servicio, mantiene desde hace semanas una "acampada" de protesta en la Plaza Nueva, en demanda de que la gestión del servicio sea acometida directamente por el Ayuntamiento.

La plantilla, en su mayoría mujeres, avisa al respecto de que las empresas adjudicatarias de la prestación de este servicio público externalizado "anteponen sus millonarios ingresos a las necesidades de usuarios y cuidadores"; aplicando unas condiciones laborales "precarias", entre otras quejas. Hace años y años, así, que el colectivo reclama la municipalización de este servicio con su prestación directa desde el Ayuntamiento.

En este marco, representantes de la plantilla y de los tres sindicatos con presencia en la misma han celebrado una manifestación desde la plaza de la Campana hasta la puerta del Consistorio, donde han realizado una concentración, insistiendo en que "la externalización ahonda en la precarización que sufren tanto este colectivo", especialmente feminizado, como las personas objeto de los cuidados y la asistencia.

"Como consecuencia de la privatización de estos servicios, que recordamos que constituyen un servicio público esencial, unas pocas empresas privadas, algunas multinacionales, llevan años repartiéndose los beneficios de un modelo de gestión que favorece y propicia el aumento de la precariedad en los trabajos y convierte en beneficios empresariales lo que se paga con el esfuerzo de todas y todos para que se destine al cuidado de mayores y dependientes", ha explicado CCOO.

Esta "precarización", según el sindicato, incide en "los salarios, la conciliación de la vida personal o la salud laboral, lo inevitablemente repercute de manera negativa en la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía"; por lo que la plantilla rechaza "el negocio redondo de las empresas concesionarias, que lo único que hacen es ser intermediarias sin aportar nada llevándose una buena tajada del dinero público".

El Gobierno local, de su lado, asegura que está dispuesto a abordar "un plan piloto de municipalización" del servicio "poco a poco", según "los diferentes lotes" en los que se divide actualmente el mismo, cuando el Ayuntamiento cuente con un nuevo presupuesto municipal, pues actualmente opera con las cuentas de 2023 prorrogadas, al no mediar acuerdo entre los grupos políticos para un nuevo presupuesto.