“El Estado está desaparecido en la crisis de Cataluña y los fiscales nos sentimos abandonados”, asegura a COPE Cristina Dexeus, fiscal, catalana y Presidenta de la Asociación de Fiscales. Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza, son los cuatro fiscales sobre los que recae, en este momento la responsabilidad de justificar y solicitar penas para los independentistas procesados, penas acordes con la gravedad del delito cometido. Los procesados y sus acólitos son conscientes de que, con la ley en la mano, esas penas pueden superar los 20 años y por eso presionan desde todos los ángulos y, lo peor, es que encuentran en el gobierno y sus socios, un caldo de cultivo para sus pretensiones de influir en las decisiones de los fiscales.

Hace unos días, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, ha cuestionado la prisión preventiva de los encausados por el procés contemplando, incluso, posible su libertad; otros miembros del ejecutivo se han mostrado dispuestos a negociar y los partidos independentistas y otros socios de Sánchez, exigen que se presione a los fiscales para que retiren la acusación de rebelión y para que reduzcan las penas, como si los fiscales fueran unas marionetas del gobierno.

“Desde 1978,  el fiscal ya no es una correa de transmisión con el gobierno, por lo tanto, el gobierno no puede interferir en las decisiones de la fiscalía”, explica Cristina Dexeus. “lo que ocurre, continúa diciendo, es que hay  quien habla de esto por ignorancia y también hay quién lo hace de forma interesada para crear confusión en la ciudadanía y para generar un estado de opinión contrario a la separación de poderes y a la democracia española que es una democracia de primer orden”. “Los fiscales - asegura - no admiten órdenes para que en casos concretos se haga o se deje de hacer, o se actúe de una forma determinada”, continúa.

Preguntamos qué mecanismos tienen los fiscales para oponerse a lo que diga el Fiscal General, nombrado por el gobierno y, aparentemente, al servicio del gobierno que lo  nombra a lo que la Presidenta de la Asociación de Fiscales responde que “en lo que se refiere a la forma de designación de Fiscal General, si podría intentarse otra forma distinta o más participada para evitar toda sombra de sospecha respecto a la actual forma de designación, pero también tengo que decir que en EEUU, el fiscal lo es por designación directa del presidente y no por ello se pone en duda que se trate de una democracia de primer orden”. “Por otro lado, prosigue, en España, la ley permite oponerse a las órdenes de la jefatura, cuando se considere que son improcedentes o contrarias a las leyes”.

Recordamos que no sería el primer caso en que un fiscal sea removido de su destino por defender su independencia y preguntamos si, en este caso, los cuatro fiscales cuentan con el apoyo de la asociación presidida por Dexeus. “Por supuesto que cuentan con nuestro apoyo y lo estamos mostrando constantemente, solicitando para ellos que no existan presiones, que los dejen trabajar con la tranquilidad y el sosiego que requiere nuestra labor y más en un caso como este”.

Comentamos que los ciudadanos no entendemos cómo es posible que unos delincuentes que están presos porque han violado la ley y a los que les da por autodenominarse, de forma capciosa, presos políticos, puedan intentar, impunemente, poner en jaque nuestro Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial. Cristina Dexeus responde que “son presos con carácter preventivo que, de momento, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Hay que decir que el mundo independentista ha trabajado muy bien todo el contenido de la actuación judicial y fiscal. Se ha tergiversado la realidad y se ha hecho en clave absolutamente política, de intereses políticos como si fuera una cuestión política, lo cual es falso porque si eso fuera así, el número de detenidos sería muy superior, porque habría que detener a dos millones de personas favorables, proclives o con ideología independentista y no es el caso. Por tanto, efectivamente han hecho una buena gestión del marketing y de la comunicación, generando un estado de opinión y haciéndose considerar víctimas de un estado represor que en modo alguno representa a la democracia española”.

Sobre el hecho de que los independentistas encarcelados se autodenominen presos políticos, Cristina Dexeus se muestra rotunda: “En España no hay presos políticos. No hay represión hacia las personas por su forma de pensar, porque si fuera así, todos los que estuvieran a favor de la independencia, tendrían que estar en prisión  y no es el caso. Es sólo una operación de marketing que dicha mil veces, en ocasiones, termina calando en la ciudadanía”.

A la vista de que los presos independentistas están convirtiendo la prisión en la que se encuentran, en un despacho paralelo de las instituciones catalanas, con manifiesto trato de favor por parte de las autoridades penitenciarias, preguntamos si hay algo que pueda o deba hacer el ministerio fiscal para evitar eso, porque da la impresión de que, con las prisiones transferidas, es como poner al zorro guardando las gallinas, Dexeus responde que “Esos presos que son los políticos que han ocupado puestos de gran relevancia y que han podido seleccionar a personas que están en determinados cargos en instituciones penitenciarias, son guardados por estas personas que ellos han designado. A partir de ahí, ponga usted la frase correspondiente”. “Lo que yo sí digo, continúa explicando, es que la fiscalía de Barcelona, en la memoria de este año, ya puso en evidencia que esto se podía producir, advirtiendo de que traer aquí a los presos podía conducir a determinado trato irregular. No se tomó en consideración y estamos donde estamos. Está denunciado ante la Consejería de Justicia y ya veremos el recorrido que se le da y a dónde podemos llegar”.

Insistimos, preguntando si alguien, el propio Ministerio del Interior puede hacer algo al respecto y la presidenta de la Asociación de Fiscales reconoce que está claro que “las autoridades que designaron a esas autoridades que están custodiando los centros penitenciarios son las mismas que están siendo guardadas por esas personas. Es una situación que no se ha dado nunca, una situación anómala y que no se ha previsto legalmente. Es cierto que Interior tiene competencias en asuntos penitenciarios en España, pero en este momento es complicado determinar hasta dónde”.

Los fiscales, llevan tiempo presentando reclamaciones laborales al gobierno, pero sin resultados. Nos interesamos por la forma en que esta lucha por su independencia puede influir a la hora de conseguir hacer efectivas esas reivindicaciones y Cristina Dexeus, confirma que “ninguno escucha nuestras reclamaciones que no son solo retributivas, sino también laborales porque necesitamos más medios materiales para afrontar nuevas formas de delincuencia, por ejemplo y no nos parece justo que los fiscales recién incorporados a la carrera profesional, con un sueldo muy ajustado, cobren 56 euros a la semana por sus guardias”. “La explicación recurrente, dice, es que faltan recursos, pero cuando se revisan los presupuestos, vemos que, puesto que los fiscales somos apenas 5.000 en toda España, esas mejoras, no supondrían una cuantía muy grande”. “Tengo que decir que si no vemos voluntad y cambios a la hora de atender nuestras reclamaciones, volveremos a las movilizaciones”, concluye.

Finalmente, le preguntamos si, visto el clima de crispación que se vive en Cataluña, los fiscales se sienten abandonados por el Estado y, una vez más, se muestra rotunda: “Sí, los fiscales, nos sentimos abandonados por el Estado, que está desaparecido en la crisis de Cataluña y nos entra cierto desconsuelo, hasta el punto de que muchas veces pensamos en tirar la toalla, que nos vamos y que el que venga detrás, arregle esto, pero seguimos aquí, haciendo nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos y deseando que quienes desempeñan ahora funciones de relevancia política, vuelvan a la senda de la sensatez y la cordura”.