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¿Por qué el Gobierno no toca el sueldo de los funcionarios durante la pandemia?

No entra en los planes a corto plazo del Gobierno recortar a los funcionarios

¿Por qué el Gobierno no toca el sueldo de los funcionarios durante la pandemia?

Redactora de COPE.es

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 04:15

El Ejecutivo insiste en que no bajará el sueldo a los funcionarios. Tanto la ministra de Política Territorial y Función Pública como la portavoz del Gobierno han desmentido reiteradamente esta premisa. De momento, no entra en sus planes y Montero hablaba de una “estrategia de confusión, de bulo, de mentira que en nada beneficia la situación en la que nos encontramos” respecto a algunas informaciones que apuntaban a la bajada del sueldo de los funcionarios.

Mientras tanto, proponen observar como evoluciona la economía para poder situar todo el contexto adecuadamente.

Está claro. No entra en los planes a corto plazo del Gobierno recortar a los funcionarios, ya que además María Jesús Montero anunciaba a comienzos de mes que el gasto en nóminas públicas repuntará en un 6% lo que supone un incremento en el colectivo público de más de 8.000 millones de euros. Esta medida iba recogida en el programa de estabilidad que el Ejecutivo remitió a la Comisión Europea. Recordamos que El gasto público en sueldo de los empleados públicos asciende a 130.000 millones de euros. Un volumen bastante destacado de gasto para el Estado.

Desde COPE.es, queremos proporcionar las dos visiones de la problemática. ¿Realmente sería beneficioso para la economía española recortar los sueldos de los funcionarios en tiempos de COVID-19?

Rafael Pampillón es profesor de Economía en el IE Business School y la Universidad San Pablo CEU. Según Pampillón, si el Ejecutivo decide esta medida la principal consecuencia negativa es que disminuiría el consumo, perjudicando los ingresos del sector privado. Lo positivo es que reduciría el nivel de gasto público, el déficit y la deuda. Respecto a si tiene sentido reducir sus respectivas nóminas, el Gobierno debería enviar, según el economista, mensajes inmediatos de: congelar o bajar las pensiones, aumentar la edad de jubilación, cerrar empresas públicas (autonómicas, municipales y del Estado Central) en pérdidas, privatizar empresas públicas viables, bajar el sueldo de los funcionarios. Pero no es fácil. No obstante, es una alternativa factible ya que se hizo en Grecia y en España en la crisis de 2010.

Otra opción que baraja el economista es que Europa presione al Gobierno, como ocurrió con Grecia en la crisis anterior para que se tengan que tomar medidas más drásticas: privatizar empresas públicas, aumentar la edad de jubilación, cerrar observatorios... y finalmente meter la “tijera” a los funcionarios. Pero de momento no entra en los planes del Ejecutivo.

Esta es la postura que defienden los funcionarios para preservar sus sueldos

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Francisco Lama es secretario de Acción Sindical de CSIF, el sindicato más representativo de las administraciones públicas. En palabras de Lama, y tal y como nos ha contado, los empleados públicos están hartos de pagar siempre los platos rotos de la economía; de ser la hucha de la que siempre tiran los responsables políticos cuando hay dificultades económicas. "Ya nos pasó en la anterior crisis económica, con el recorte de entre el 5 y el 10 por ciento que nos hizo el Gobierno de Zapatero y que todavía arrastramos. Y seguimos sufriendo los efectos de una pérdida del poder adquisitivo de entre el 12,9 y el 17,9 por ciento", aseguraba Lama.

Ese poder adquisitivo que arrastran todavía hoy les afecta. “No hay que olvidar que los empleados públicos, personal de la sanidad, cuerpos y fuerzas de seguridad, el Ejército, el personal de la Justicia, Educación, Prisiones, nuestros funcionarios del SEPE y de la Seguridad Social han impedido ahora y en la anterior crisis que el Estado colapse”, indicaba el secretario de Acción Sindical de CSIF.

Asimismo, aseveraba su premisa asegurando que los trabajadores de nuestras administraciones públicas, desde luego, favorecen el crecimiento de la economía, el consumo y desde luego la aportación a las arcas de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social.

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