El Congreso ha tumbado el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, que amplía el plazo de prórroga de los contratos de alquiler a 5 años, con el rechazo del PP, Podemos, Ciudadanos y ERC, entre otros, mientras que el Gobierno analiza alternativas para presentar más medidas sobre alquileres.

El Pleno del Congreso ha derogado esta norma por 103 votos a favor, 243 en contra y 1 abstención, después de que Unidos Podemos anunciara que votaría en contra porque el decreto no incluye las medidas que pactó la formación morada con el Ejecutivo para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

También la diputada leonesa de Unidos-Podemos Ana Marcello ha criticado el real decreto ley, al que ha denominado decreto de las "tres mentiras" porque no es de transición, pues sólo pone punto final al sector de la minería.

Además ha conminado a la ministra a abandonar la "soberbia parlamentaria" y le ha recriminado que el real decreto ley le fuera comunicado a Podemos la tarde antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros, al tiempo que ha denunciado que la transición energética la están marcando las empresas energéticas con el cierre de centrales de carbón.

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez, pese a cuestionar lo que se ha hecho desde finales de la década de 1990 con el dinero para la reestructuración de las comarcas mineras, ha anunciado el voto favorable al real decreto ley para que se tramite como proyecto de ley.

También ha dado su apoyo al real decreto ley el PNV, mientras que el PDeCAT anunció que se abstendría para que pueda ser convalidado y tramitarse como proyecto ley, ya que considera que invade competencias autonómicas y quiere que el dinero recaudado con las subastas de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), parte del cual el ministerio va a destinar a reestructuración de las comarcas mineras, se transfiera a las comunidades autónomas. 

El decreto-ley sobre vivienda es el cuarto que se tumba desde hace 40 años

El decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda aprobado por el Gobierno el pasado 14 de diciembre y que este martes no ha sido convalidado por el Congreso es el cuarto que se tumba desde que está vigente la Constitución de 1978.

El 6 de febrero de 1979, la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados rechazó la convalidación de la prórroga de la actuación de la Junta Central de Acuartelamiento, según lo había acordado el Gobierno que entonces presidía Adolfo Suárez.

El segundo precedente ocurrió el 9 de febrero de 2006, cuando la mayoría parlamentaria no convalidó un decreto-ley del primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que aumentaba los tipos del impuesto sobre las labores del tabaco.

En esa ocasión el motivo fue un error en la votación de una treintena de diputados socialistas, por lo que el gabinete de Zapatero lo aprobó de nuevo y cuando volvió al Congreso sí recibió la mayoría parlamentaria.

La vez anterior en la que la Cámara Baja tumbó un decreto-ley fue el reforma del sector de la estiba, el 16 de marzo de 2017.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Ese día el grupo parlamentario de Ciudadanos se abstuvo y la minoría en la Cámara del grupo del PP no pudo sacar adelante la reforma según fue redactada por el Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy.