El PP planteará el martes en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados que España bonifique en un 25 % las tasas aeroportuarias en toda la operativa de su red nacional y costee, como ha acordado la UE, las PCR o test de antígenos a los turistas que reciba.

Además, solicitará al Gobierno que preside Pedro Sánchez que retire cualquier iniciativa dirigida a subir el precio de los billetes aéreos, ya que, a juicio de los populares, medidas de este tipo no contribuirían a incentivar el regreso del turismo, del que dependen economías regionales como la canaria, donde registra mínimos históricos por la covid-19.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, y el senador por Gran Canaria, Sergio Ramos, quienes han responsabilizado a Sánchez del "caos" que, en su opinión, reina en el país, una vez que ha decaído el estado de alarma y las comunidades autónomas se han visto desprovistas de herramientas legales para garantizar el control de la pandemia.

El también diputado por Las Palmas Guillermo Mariscal ha avanzado las iniciativas que plantearán los populares en el Congreso para tratar de promover, en este contexto de "desgobierno", la actividad económica que tanto necesitan regiones como Canarias para remontar esta crisis y también ha advertido de que este "caos" podría haberse evitado si Pedro Sánchez no hubiera sido tan "pasivo, irresponsable, soberbio y arrogante" al rechazar un plan jurídico propuesto por el PP desde agosto de 2020.

Mariscal ha asegurado que si el Gobierno de España pone en marcha este plan, "cuyo texto le cede el PP" para que lo haga a la mayor brevedad, "en 15 días habría una respuesta jurídica estable" a todas las incógnitas que se plantean tras el fin del estado de alarma, cuya clarificación se ha dejado en manos de la Justicia.

En ese plan, que avala el Consejo de Estado, el PP propone modificar la Ley Orgánica de Salud Pública de 1986 para "evitar los movimientos de entrada y salida a zonas amenazadas", como lo está el país por la incidencia acumulada que registra de la covid-19, en lugar de seguir avanzando en la "transmisión de responsabilidades", como cree que ha hecho España, primero respecto de la UE, luego hacia las comunidades autónomas y dejando ahora la última palabra a los tribunales superiores de justicia y, en última instancia, al Supremo.

Los parlamentarios populares canarios han subrayado que esta crisis sanitaria afecta especialmente a estas islas por el freno que ha supuesto a su actividad turística, su motor económico, lo que ha derivado en la caída de su conectividad aérea y en el hecho de que 84.000 trabajadores del sector servicios sigan sujetos a un ERTE.

Mariscal ha aludido al "semáforo amarillo" en el que Reino Unido pondrá a Canarias desde el próximo 17 de mayo, por el que obligará a sus residentes a realizarse una PCR antes de viajar a las Islas y dos a la vuelta, cuando también tendrán que guardar una cuarentena de diez días, y ha estimado que sería importante recuperar cuanto antes ese mercado de visitantes, que supuso el pasado año el 30 % de todos los que llegaron al archipiélago.

Para ello, además de las medidas inmediatas que propondrá el martes en el Congreso, el PP exige que la ministra de Turismo, Reyes Maroto, por cuyo plan específico para la reactivación del sector en Canarias, prometido para octubre de 2020 y por el que aún espera, establezca con urgencia una negociación bilateral con Reino Unido que permita disponer cuanto antes de corredores seguros con ese país que incentiven los viajes de sus nacionales a regiones como la canaria.

A juicio del PP, en esa negociación, España debería lograr que se reduzca el coste de las pruebas PCR, que allí ronda las 150 libras o, en su caso, asumirlo si está dispuesta a poner por encima de todo el desarrollo económico del archipiélago, ha aseverado Mariscal.

Para el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, "Maroto no ha tenido ninguna intención de salvar el turismo en Canarias".