2.420 euros y un borrón reputacional. Esta es la condena a la que ha tenido que hacer frente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por vulnerar la Ley Electoral al ofrecer una entrevista desde La Moncloa en plena campaña electoral en octubre de 2019.

Sánchez se ha convertido —por tanto— en el primer presidente del Gobierno en ser condenado por la Junta Electoral Central por quebrantar el principio de neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral. El líder del PSOE, según ha informado El Mundo, ya habría abonado los 2.420 euros al Partido Popular tras haber perdido su recurso contra la sanción que le impuso la Junta Electoral. La documentación a la que ha tenido accedo El Mundo acredita el pago de la indemnización, que el equipo de Pablo Casado va a destinar a obras benéficas.

El presidente del Ejecutivo no ha sido el único que ha tenido que pagar las costas del proceso a los 'populares'. La exportavoz del Gobierno Isabel Celaá también ha efectuado otra transferencia al PP por el mismo valor, 2.420 euros, en base a las minutas que han presentado los abogados de Génova, según recojo la información de El Mundo. Además, a la exministra de Educación también la sancionó la Junta Electoral por realzar los logros del Gobierno desde la sala de prensa La Moncloa, un uso contrario a las normas que fija la Ley Electoral.

Esta no ha sido la única denuncia que el PP ha interpuesto en los últimos tiempos contra el Gobierno de Sánchez por un uso fraudulento de los poderes públicos en periodo electoral. Pablo Casado anunció, poco antes del inicio oficial de la campaña de las elecciones autonómicas de Cataluña del pasado 14 de febrero, que su formación denunciaría ante la Junta Electoral Central la campaña que lanzaron a favor del exministro Salvador Illa y entonces candidato de PSC a través de La Moncloa o el Twitter del Ministerio del Interior.

Un uso “electoralista” del Palacio de la Moncloa

La entrevista por la que Pedro Sánchez ha tenido que hacer frente al pago de 2.420 euros a favor del PP se concretó en octubre de 2019. Durante un programa de La Sexta, Sánchez pidió abiertamente el voto para el PSOE desde La Moncloa. “Es muy importante movilizarnos, por eso es muy importante, sobre todo, que la gente indecisa sea muy consciente de que el próximo 10 de noviembre tenemos que dar respuesta a una pregunta bien sencilla, y es si queremos que España avance o continúe sumida en el bloqueo. (...) Insisto, necesitamos un Gobierno fuerte, un gobierno estable, con una mayoría parlamentaria sólida, y eso es lo que yo les pido a los españoles”, declaró el presidente del Gobierno en clave electoralista.

Esto, según convinieron los magistrados de la Junta Electoral vulneró, “el principio de neutralidad” de los poderes públicos en periodo electoral.

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Hoy pienso en quienes lograron consolidar la democracia o aprobar la Ley de Memoria Histórica, en entidades memorialistas que llevan años defendiendo la reparación.
La democracia ha saldado parte de su deuda. Hemos dado un paso de gigante, pero queda mucho por hacer. #SánchezARVpic.twitter.com/mDBJBhxz8n

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 25, 2019

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El organismo multó con 500 euros a Sánchez “atendiendo a las circunstancias que rodean la entrevista, así como al hecho de que ya se le había efectuado en fecha reciente un apercibimiento” para que “se abstuviese de vulnerar el principio de neutralidad”, como prevé la Ley Electoral. Además, la Junta Electoral Central obligó al Gobierno a retirar la transcripción de la entrevista de la web de La Moncloa, ya que ello contravenía el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Tras los distintos recursos presentados por el presidente del Gobierno, el Supremo ratificó el pasado 31 de mayo la sanción impuesta por la Junta Electoral y ratificó la sanción de 500 euros impuesta por la Junta Electoral Central más 4.000 euros en costas. Además, los magistrados le recordaron a Sánchez el carácter reincidente de su ilegalidad, y le advirtieron de que “debían guardar un alto grado de diligencia en sus actuaciones para no quebrantar la neutralidad de los poderes públicos”. Una advertencia que nacía a razón de otras manifestaciones similares por parte de miembros del Gobierno en septiembre de 2019.

Sánchez, además de los 2.420 euros, está obligado a pagar otros 2.000 euros en costas a la Junta Electoral Central, contra la que también recurrió sin éxito la multa inicial de 500 euros.