Si hay un punto controvertido con respecto a Pedro Sánchez desde que llegó a La Moncloa en 2018, ese es el de sus socios: de Gobierno, de investidura, de legislatura... El asunto genera quebraderos de cabeza prácticamente continuos al presidente. Por culpa de Podemos, sí, pero también por la del nacionalismo. En este caso, la actualidad demanda prestar atención a los aliados catalanes. Son varias ya las concesiones, capitalizadas por ERC. La última se ha materializado este jueves.

La mesa de diálogo con Cataluña

Fue capital para que ERC apoyase el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos a principios de 2020. Sólo se celebró una de sus reuniones antes del coronavirus, y estas iban a servir para abordar dos reivindicaciones claras por parte del Govern: la libertad de los presos del procés y un referéndum de autodeterminación para Cataluña.

Sánchez y el portavoz parlamentario de los republicanos, Gabriel Rufián, pactaron retomar la mesa a mediados de septiembre del año pasado. Algo que nunca ocurrió, aunque ese instrumento de diálogo volverá en algún momento: el Congreso ha aprobado una moción de censura de los republicanos para convocar una segunda reunión de la mesa tras las elecciones catalanas.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los apoyos del PSOE, Podemos y el PNV, entre otros partidos. Los socialistas ya aclararon que la propuesta de ERC iba a ser apoyada porque no difiere "en nada" del acuerdo de investidura firmado en su día.

El indulto a los presos del procés

A finales de enero, el Departamento catalán de Justicia volvió a conceder el tercer grado a los líderes independentistas presos, a los dos meses de que el Tribunal Supremo se lo revocara.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, explicó que el Gobierno respeta y no opina sobre la decisión de la Consellería de Justicia de la Generalitat de respaldar el tercer grado, porque "nunca interviene" en las cuestiones que tienen que ver con "intervenciones garantistas" a través de la ley penitenciaria y de "las autoridades que corresponden". Por lo tanto, políticos como Oriol Junqueras, los Jordis y Carme Forcadell pueden hacer campaña electoral de cara al 14-F.

Adiós al español como lengua vehicular en la enseñanza

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Es uno de los puntos más controvertidos de la Ley Celaá que el Gobierno ha impulsado en materia educativa. Según una enmienda que se hizo a la misma, el texto ya no se refiere al castellano como "lengua oficial del Estado" ni tampoco habla de "lenguas vehiculares".

Por lo tanto, los Gobiernos autonómicos pueden determinar qué lengua prima en la comunidad educativa de su territorio. Lo cual serviría para que la Generalitat pudiera imponer el catalán.

La reforma fiscal que perjudicaría a Madrid

Entre los acuerdos alcanzados por el Gobierno de coalición y ERC sobre los Presupuestos Generales de 2021, se incluyó el fin del control financiero del Estado sobre Cataluña que puso en marcha el Gobierno del PP en 2015, así como la creación de una comisión bilateral que busca acabar con lo que se definió como el "paraíso fiscal" de Madrid.

Se estudiaría una "reforma fiscal total, justa y progresiva", que contemplase analizar un impuesto más progresivo para las grandes fortunas y "acabar con el dumping fiscal de facto y con el paraíso fiscal montado por la derecha en la Comunidad de Madrid".

Esta medida supondría una importante subida de impuestos en la región presidida por Isabel Díaz Ayuso, cuya situación fiscal ahora mismo fue calificada de"un grave perjuicio para la clase trabajadora en un momento de emergencia social". Se acusó a la Comunidad de aprovechar su capitalidad para bajar impuestos más allá de lo que pueden hacerlo otras regiones atrayendo a grandes contribuyentes.

La reforma fiscal guardaría una relación directa con el Impuesto de Patrimonio y la búsqueda de una equiparación entre las diferentes comunidades autónomas. Así lo recogía la enmienda presentada por ERC, en la que se reclamaba al Ejecutivo de Sánchez crear una cuota estatal en el Impuesto de Patrimonio que sirva de mínimo de recaudación y sobre la que las comunidades autónomas no puedan decidir.

El contenido de esta enmienda fue interpretado como un ataque directo a la Comunidad de Madrid y a las comunidades que bonifican fuertemente este último impuesto.

El veto a Felipe VI en Barcelona

El Rey no estuvo en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en septiembre de 2020. El porqué hay que buscarlo en la ciudad que alberga la cita: Barcelona.

En un primer momento, Zarzuela llegó a confirmar al CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) la presencia de Felipe VI en la Ciudad Condal. Por eso, todas las miradas apuntaron hacia el Gobierno cuando se dio la ausencia del monarca.

Desde Moncloa se esgrimió que no había habido ninguna implicación gubernamental (por cuestiones de seguridad) en el asunto. Sin embargo, en el CGPJ no opinaron lo mismo. Más que nada, porque Zarzuela les comunicó que el Rey no cumpliría con uno de sus compromisos habituales porque no contaba con la autorización del Gobierno. La sombra del independentismo, sin remedio, rodeó a la decisión.