La salida de Oriol Junqueras de la prisión de Lledoners este martes ha provocado más enfado que sorpresa en el Ministerio Público. Sabían que esto podía pasar, que iba a pasar, cuentan a COPE fuentes fiscales. Por eso, el Ministerio Público pidió al Tribunal Supremo que aplicase el período de seguridad, que establece que el preso no pueda acceder al tercer grado hasta cumplida la mitad de la condena. Y se puede aplicar en casos en los que la condena es superior a cinco años, como prevé el artículo 36.2 del Código Penal.

Pero el Supremo no lo concedió. Con el período de seguridad, si se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, se puede acudir al Tribunal Supremo, al tribunal sentenciador, porque se trataría de un tercer grado encubierto. Junqueras, condenado a 13 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación, obtiene su primer permiso a los cuatro meses de haberse dictado sentencia. Un permiso por la puerta de atrás, dicen las fuentes consultadas.

Si el centro en el que Junqueras da clases es un centro público se estaría quebrantando la condena, pero si se trata de un centro privado subvencionado es más complicado, no es público. Ahí está el quid de la cuestión para ver si se está infringiendo la inhabilitación, explican las fuentes. El colectivo Convivencia Catalana presentó una denuncia por el permiso de Junqueras, por quebrantamiento.

En los casos de otros condenados del Procés que ya han disfrutado de permisos, la Fiscalía alegó ante el juzgado de vigilancia penitenciaria que no hay evidencias de arrepentimiento para que puedan salir a la calle. No consideran la gravedad de los hechos y persiste el riesgo de que el permiso se utilice para la comisión de nuevos delitos o para la realización de conductas contraproducentes. En las alegaciones la Fiscalía señala que difícilmente se puede tener confianza del buen uso del permiso cuando el interno no asume el delito.