A juicio responsable de Resistencia Films por publicar vídeos alabando Grapo

La Audiencia Nacional juzgará a partir de mañana a Alejandro G.R., de la productora Resistencia Films, acusado de un delito de enaltecimiento del terrorismo por publicar vídeos ensalzando a una miembro de los Grapo, unos hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de 2 años y 1 día de cárcel.

El juicio empezará a las 10.00 horas ante la sección cuarta de la Sala de lo Penal por unos hechos que, según el escrito de acusación de la Fiscalía, ocurren desde el inicio de la productora en junio de 2014, cuando comenzó a difundir vídeos en distintas redes sociales.

La productora, dice el fiscal, se describe como un "canal dedicado a material audiovisual desde reportajes, documentales, videoclips y cortos", pero se dedicaba a publicar vídeos ensalzando a la banda terrorista.

En concreto, ha generado 92 vídeos de producción propia publicados en abierto y que han llegado a acumular cientos de miles de reproducciones y miles de seguidores. Muchos de estos vídeos, afirma la Fiscalía, "tienen un afán ensalzador" de los Grapo y hacen "continuas" alusiones a la banda.

"Además de los vídeos de producción propia pueden encontrarse -añade el fiscal- imágenes y textos exigiendo la libertad de los denominados 'presos políticos' de dicha organización, dinamizando campañas a favor de los mismos y asegurando la intencionalidad por parte del Estado de 'exterminarlos' en prisión".

En total, la productora publicó vídeos alabando a 23 miembros de los Grapo, unas grabaciones que tenían "intención de incitar, aún cuando fuera de manera indirecta, a la comisión de delitos violentos".

Y ello porque, prosigue la Fiscalía en su escrito de acusación, "se proclamaba que esta es la única manera de 'luchar' contra el sistema constitucional actualmente vigente en España, mostrando a los condenados por terrorismo como ejemplos a seguir".

Por estos hechos, el ministerio público pide para el acusado 2 años y 1 día de cárcel (de imponérsele esta pena ingresaría en prisión, al ser superior a los 2 años), así como una multa de 4.800 euros, inhabilitación absoluta por tiempo de 9 años y otros 3 años de libertad vigilada.