La jueza del caso David Sánchez considera que el aforamiento de Gallardo es un fraude de ley

La jueza instructora de la causa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que "el aforamiento repentino" del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, el día antes de que ella dictara el auto de apertura de juicio oral supone un "fraude de ley".

La juez Biedma, en el primer punto de la exposición razonada de más de 100 páginas enviada al TSJ de Extremadura, por el repentino aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, que se convirtió en diputado autonómico una vez procesado, así lo califica. Lo relevante en el presente procedimiento no es el momento en el que Gallardo haya adquirido la condición de aforado, sino la forma y la finalidad buscada, explica la juez. Las elecciones se celebraron en mayo de 2023, un año antes de iniciarse esta causa y casi dos del procesamiento. Y cuando se da por concluida la instrucción Gallardo decide adquirir la condición de aforado, y no por causa de dimisión o renuncia de la persona que le precedía en la lista, sino de cinco en total, según constata la documentación de la Junta Electoral. Todas ellas, dice, de forma exprés y conjunta y parece ser que con la única finalidad de que Gallardo pasara a ser diputado, y por tanto aforado.

Para Beatriz Biedma es muy significativo el acontecer de los hechos. Señala que parece que en este momento histórico se ha olvidado que cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponerlo sobre cualquier interés personal. Y recurre a la Constitución, recuerda que el artículo 103 establece que "la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

Este repentino aforamiento de Miguel Ángel Gallardo, dice la juez instructora, "no sólo atenta contra el derecho del juez ordinario predeterminado por la ley, sino que causará perjuicios a la propia tramitación de la causa, que será objeto de dilaciones tras la peregrinación de la misma a órganos superiores para decidir sobre su competencia". Y afecta también sobre los recursos que se puedan presentar y al resto de las partes que intervienen en el procedimiento.

Sólo en España y en otros dos países de la UE existen aforamientos parlamentarios tan amplios, una absoluta excepción en el Derecho Comparado, destaca Biedma. Y recuerda que el propio Consejo de Europa ha recomendado a España que en diversas ocasiones que elimine los aforamientos relativos a políticos sospechosos de haber cometido delitos relacionados con la corrupción. Existen varios informes del Grupo de

Estados contra la Corrupción (GRECO). Y dice, además, que varias comunidades autónomas españolas han eliminado de sus Estatutos de Autonomía los aforamientos para sus diputados. Comunidades como Cantabria, MUrcia, Canarias, Baleares, la Rioja y Aragón